“¡Fuera Peña!” fue la consigna que más fuerte retumbó en el Zócalo de la capital mexicana mientras ardía un gran muñeco con la figura del presidente.

La noche del jueves miles de personas salieron a las calles para exigir justicia por los 43 estudiantes detenidos y desaparecidos en Iguala pero esa causa, cada vez más, se acompaña con reclamos al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario priísta enfrenta su primer y más seria crisis en dos años de gestión (asumió el 1 de diciembre de 2012). Ni siquiera la polémica reforma energética, que autorizó el ingreso de capital privado a la explotación de hidrocarburos, había generado tanta movilización social como la que vive México en estos días.

“Desde 1968 (masacre de Tlatelolco) no había habido una crisis así, de estas magnitudes, ni siquiera cuando hubo el levantamiento del movimiento zapatista en 1994”, dice Pedro Miguel, analista político y articulista del periódico La Jornada. “Porque antes el régimen político logró colocar la crisis en el ámbito político y hoy tenemos la evidencia de que el problema no es político sino delincuencial. Se rompió la línea entre el gobierno y el crimen organizado, estamos ante la clara evidencia de que son lo mismo”.  

Arden calles y redes sociales

En Ciudad de México las marchas por los estudiantes de Ayotzinapa se han tornado cada vez más multitudinarias pero no son la única expresión de inconformidad.

Por todas partes aparecen carteles y grafitis igual en bardas que en casas de familia; mantas en negocios y escuelas como la Nacional de Música donde la puerta de ingreso está cubierta por la bandera: “Cero tolerancia al crimen de Estado”.

Hay obras de teatro, bloqueos de calles, protestas pacíficas de ciudadanos se paran en las esquinas con carteles que inevitablemente exigen la aparición con vida de los normalistas pero también denuncian que se trata de un crimen de Estado, exigiendo una solución a Peña Nieto y su gobierno.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”; “43 semillas”, “No solo son 43”, “Fue el Estado”, “Fue el narco-Estado”, “Fuera Peña”, “Todos somos Ayotzinapa”, “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”, son algunas de las consignas más repetidas en estas manifestaciones por el país.

Performances en Guadalajara, marchas teatralizadas en San Miguel de Allende, tomas de casetas en peajes, quemas de edificios públicos en Guerrero y la toma de los aeropuertos de Acapulco y Morelia son solo algunas acciones, resulta casi imposible enumerarlas. Estudiantes, trabajadores agremiados, activistas y ciudadanos participan por igual.

Las redes sociales son un hervidero. La etiqueta #YaMeCansé, que surgió para mofarse de las declaraciones del secretario de Gobernación, Jesús Murillo Karam, se han transformado en bandera para muchos. Empezaron a utilizarla enumerando deudas sociales y eventos impunes, pero el sentido ha ido mutando hacia el hartazgo concreto con el régimen, la pobreza y la inseguridad.

El presidente advirtió que podría recurrir a la fuerza, con un tono que, según expertos, fue amenazante. Al parecer no surtió el efecto deseado porque no ha mermado la protesta social, sino que, por el contrario, creció en la última semana y escaló en el tono.

Mientras en Guerrero se han incendiado numerosas oficinas públicas, en la capital del país este 20 de noviembre grupos de jóvenes se enfrentaron con policías al intentar tomar el Aeropuerto Internacional, con saldo de 15 detenidos y otros 16 jóvenes resultaron arrestados en los disturbios y represión tras el multitudinario acto en el Zócalo.

Para Pedro Miguel, lo que ocurre en Guerrero debe analizarse por separado porque allá “hay un conflicto violento entre la sociedad y autoridades que no empezó hoy ni ayer, que arrancó en la llamada guerra sucia” (décadas del 60 y 70). En el resto del país, asegura, “el movimiento de indignación por Iguala ha sido absolutamente pacífico. Los conatos de violencia han sido introducidos por medio del gobierno, con infiltrados y con las amenazas de Peña Nieto de que va a ejercer la violencia, cuando no ha dejado de ejercerla nunca”.

Más escándalos y protestas en otras partes del mundo

La sacudida llega fuerte al gobierno del presidente Peña Nieto porque en los últimos 2 meses han crecido las protestas en otros países y en México también se acumulan los escándalos, más allá del caso Ayotzinapa. Por ejemplo, las críticas porque se fue de gira a China y Australia en medio de la crisis y el incidente en torno de la llamada “Casa Blanca de EPN”.

Se trata de una mansión con un costo aproximado de $ 7 millones que el presidente y su familia habrían adquirido después de asumir el mandato.

Para intentar mejorar la imagen de su marido, la primera dama Angélica Rivera difundió un mensaje televisivo donde aseguró que la propiedad es suya aunque, admitió, fue comprada con dinero de Televisa.

Para el analista Pedro Miguel, la suma de escándalos tiene ya un peso insostenible. “Yo creo que la presidencia de Peña Nieto ha terminado. Tiene ante sí legal y formalmente 4 años por delante sin ningún margen de acción política porque se evidencia que es la cabeza de un régimen delictivo y por otro lado, porque él personalmente está tocado por el escándalo de corrupción. Se le acabó la legitimidad y con cero legitimidad ni Pinochet puede gobernar. Se necesita un mínimo de base social”.  

Mientras que en Buenos Aires, Madrid, Londres, París, Fráncfort, Copenhague, entre otras naciones, los ciudadanos se han solidarizado y sumado a la demanda de que aparezcan con vida los normalistas.