El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC acordaron este viernes la "hoja de ruta" para el desminado, primera medida conjunta para "desescalar" el conflicto armado, pero persistían sus desacuerdos sobre reparación de las víctimas.

"Definimos la hoja de ruta para la implementación del proyecto piloto de desminado, con el apoyo de la organización Ayuda Popular Noruega, APN, acordado y anunciado el 7 de marzo", dijeron ambas partes en un comunicado conjunto al cerrar un ciclo de diálogos de paz en La Habana.

Las minas antipersonales están sembradas en al menos 668 de los 1.100 municipios de Colombia y desde 1990 han dejado 11.000 víctimas, entre muertos y heridos, según el gobierno.

"También establecimos el desarrollo técnico y logístico para la puesta en marcha de las actividades en cada fase del proyecto" de desminado, que partirá en puntos de los departamentos de Antioquia (norte) y Meta (centro), agregaron.

El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, destacó que ésta es la "primera y más importante medida conjunta para desescalar" el conflicto de medio siglo, mientras que su contraparte, Iván Márquez, afirmó que el desminado y la tregua unilateral que mantienen las FARC desde diciembre "van allanando obstáculos antes considerados insalvables".

"Sin lugar a dudas, se trata de un paso para acabar la tragedia de las minas que fueron cruelmente sembradas en nuestros campos", indicó De la Calle.

"Este es el comienzo de planes más amplios para descontaminar los territorios. Una tarea que responde a una necesidad humanitaria urgente", añadió.

Un año discutiendo sobre víctimas

Pese a consensuar la "hoja de ruta" del desminado, las partes no lograron avanzar en la discusión sobre víctimas, pero harán nuevos esfuerzos en un próximo ciclo de pláticas, el trigésimo séptimo, que comenzará el 21 de mayo.

Este 16 de mayo se cumple un año desde que las partes cerraron el anterior punto de la agenda, drogas ilícitas, sin que logren ponerse de acuerdo sobre reparación de las víctimas.

Expertos ya habían advertido que sería de los más complejos de las negociaciones, iniciadas en noviembre de 2012.

De la Calle advirtió que estas demoras han socavado la confianza en el proceso de paz y llamó a la guerrilla a acelerar las negociaciones.

"La mayoría de los ciudadanos, de acuerdo a las más recientes encuestas, no ve posible que lleguemos a un acuerdo para poner fin al conflicto. Hay impaciencia, hay escepticismo, hay frustración. Este es un llamado de atención fuerte, que nosotros estamos en obligación de atender. Ojalá también las FARC escuchen el clamor ciudadano", indicó.

"No hay que caer en el círculo vicioso de quién es el culpable (...), lo que estamos diciendo es que traemos una instrucción del Presidente de la República (...) para que logremos mayor agilidad" en las negociaciones, añadió.

Las FARC, sin embargo, negaron ser responsables por las demoras.

"La mora por la resolución de estos asuntos no se nos puede imputar", expresó Márquez.

El asunto que frena las negociaciones es el de la "justicia transicional", pues las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se niegan a sellar un acuerdo que implique cárcel para los guerrilleros.

El guerrilla afirma que el Estado colombiano es el principal responsable de la violencia armada, que ha dejado 220.000 muertos y 5,5 millones de desplazados, según cifras oficiales. (I)