Los legisladores de Carolina del Norte (EE.UU.) discuten este martes una propuesta de ley con la que se pretende que los directores de escuelas pregunten a los padres de los estudiantes sobre el estatus migratorio de sus hijos.

Un comité de educación de la Cámara baja analiza  la medida HB 744 o el "Acta de Seguridad del Estudiante", la cual estipula que la información recolectada servirá solamente para propósitos de "análisis" y no se negará la admisión de los alumnos sin documentos migratorios.

Sin embargo, organizaciones que defienden los intereses de los inmigrantes en EE.UU. la han catalogado de "inconstitucional", ya que obliga a los administradores de centros educativos a convertirse en "agentes" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los grupos han organizado una petición de firmas por Internet que circula a nivel estatal para detener la propuesta, la cual consideran que generaría situaciones de perfil racial, especialmente contra los hispanos, el grupo mayoritario de inmigrantes del estado.

"Esta ley tiene el potencial de generar abusos. A menos que proporcione entrenamiento, existe una posibilidad de que solo se le pregunten a padres de hijos de piel marrón por su nacionalidad o estado migratorio", según detalla la solicitud.

En 1982, un dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que los estados no pueden negar la educación básica a ningún estudiante a pesar de encontrase de manera irregular en el país.

"No existe información sobre el propósito que se le darán a los datos recopilados", acota la petición.

La HB 774 es una de varias propuestas de ley en discusión en la Asamblea de Carolina del Norte que van en contra de la comunidad indocumentada del estado, que hasta el momento no han avanzado tanto el Senado como la Cámara de Representantes, ambos controlados por los republicanos.

Otra medida en la Cámara baja, la HB 37, obliga a las empresas a utilizar el programa federal E-Verify para comprobar la legalidad de los trabajadores y establece penas de cárcel a los que mientan sobre su situación migratoria para conseguir un empleo.

Según cifras del Censo, la comunidad hispana aumentó 111 por ciento la última década para sumar 800.120 personas, lo que representa el 8,4 por ciento del total de los residentes del estado.