Brasil está convulsionado. Como estaba previsto, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva asumió ayer como jefe de gabinete, pero duró 40 minutos en el cargo. El juez Itagiba Catta Preta Neto anuló su nombramiento argumentando que pretende obstruir la investigación que se le sigue por una supuesta ocultación de patrimonio.   
La medida fue apelada por el gobierno pues “lesiona los derechos y garantías del Estado”. Horas después, un tribunal acogió la apelación y anuló a su vez la medida tomada por el juez.

Paralelamente, la Corte Suprema dio luz verde a la Cámara de Diputados para que active un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien denunció la gestación de un golpe de Estado en Brasil. Parte de la sociedad civil está inmersa en este torbellino político con el desarrollo de marchas organizadas por movimientos sociales y sectores de la oposición en el país.

Un juez opositor contra Lula

El juez federal Itagiba Catta Preta Neto, del 4º Juzgado del Distrito Federal, suspendió por medio de una orden judicial (provisional) la posesión de Lula como jefe de la Casa Civil, en un fallo dado a conocer después de haber asumido y luego de un discurso de  Rousseff en el que agradecía la presencia del exmandatario en su gobierno y medía su fuerza con el juez Sergio Moro, que busca procesarlo.

Pero el Tribunal Regional Federal (TRF), de segunda instancia, acogió una apelación del gobierno y revocó la medida del juez Catta Preta. “La decisión (del juez) interfiere sobremanera en las atribuciones del jefe del Poder Ejecutivo de nombrar y destituir a los ministros del Estado, en nítida injerencia jurisdiccional en la esfera de otro poder”, arguyó el presidente del TRF de la región que incluye Brasilia, Cándido Ribeiro.

Otro recurso para bloquear la asunción de Lula fue concedido en la justicia federal de Río de Janeiro. La jueza Regina Formisano estimó que el intento de “blindar” a Lula en un ministerio “hiere de muerte el principio constitucional del juez natural y el sistema jurídico brasileño”.

Según un blog de la cadena de noticias Globo, el juez Catta Preta participó de varias marchas contra Dilma. Ese medio también informó que el magistrado se mostraba en su página de Facebook (que aparentemente ya cerró) como un difusor activo de noticias sobre las protestas en Brasil.

La suspensión de Lula se dio después de que la oposición brasileña emprendió una serie de acciones para frenar su nombramiento. De acuerdo con medios locales, el representante del Partido Demócrata (DEM) en el Senado, Ronaldo Caiado, rechazó el nombramiento y alega que Lula trata de “escudarse” con privilegios especiales.

El exmandatario ha dicho que no tiene miedo de enfrentarse a la justicia. Además atribuye toda la crisis política a un plan desestabilizador de la derecha para cortar sus aspiraciones de postularse como candidato a las presidenciales de 2018.

“No hubo desvío de poder ni un intento de obstruir la justicia” en el nombramiento de Lula, indicó en un comunicado la Abogacía General de la Unión (AGU), que representa y defiende al Estado, desvirtuando lo que sostenía el juez que emitió el fallo preliminar.

La presidenta Rousseff también expresó su “repudio” a la divulgación por parte del tribunal que investiga al exmandatario de una conversación entre ambos, que parece sugerir unas maniobras de la mandataria para influir en favor de su nuevo ministro. Rousseff afirmó que ese audio fue sacado de contexto y es una extorsión de parte del juez Sergio Moro, quien lleva la investigación sobre el caso de corrupción en Petrobras, que involucra a varios miembros del gobierno.

Rousseff reiteró que su conversación con Lula no tenía ningún propósito equívoco y afirmó: “No hay justicia cuando las garantías constitucionales de la propia Presidencia de la República son violadas”.

El Senado resolverá juicio

La crisis al interior del gobierno se agravó luego de que la Corte Suprema de Justicia dio a la Cámara de Diputados el aval para proseguir con el juicio político para destituir a Rousseff. Aunque el Senado, más favorable a la mandataria, tendrá la última palabra.

Por 9 votos contra 2, los jueces del máximo tribunal del país rechazaron los recursos presentados por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha -acérrimo adversario de Rousseff- que cuestionaban las reglas establecidas en diciembre y acabaron trabando el proceso.

El máximo tribunal estipuló a fines del año pasado que el Senado-donde el gobierno cuenta con mayor apoyo que en la Cámara de Diputados- tendrá la palabra final para admitir un juicio político contra la Presidenta. La Corte anuló asimismo en diciembre la comisión especial de mayoría opositora elegida por voto secreto y pidió reiniciar el proceso en una votación abierta.  

Cunha cuestionó esas decisiones, argumentando que se trataba de una intromisión del Poder Judicial en el Legislativo para beneficiar al Ejecutivo de Rousseff. Ayer los jueces rechazaron sus cuestionamientos y mantuvieron firmes las reglas. Esta resolución permite a la Cámara de Diputados seguir con el trámite. (I)

Empresarios promueven las protestas

El empresariado brasileño se lanzó abiertamente a favor de la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. El titular de la mayor central empresarial brasileña, Paulo Skaf, afirmó “por mucho menos de lo que ocurre en Brasil, otros gobernantes han renunciado o cometido suicidio”.

“Por mucho menos de lo que pasa aquí, por el 1% de esto, muchos gobernantes del mundo o renuncian o en algún caso llegan a suicidarse. No propongo esto, pero lo que ocurre en Brasil es que el gobernante se queda en el cargo por el cargo y no por el bien del país”, afirmó Skaf, titular de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la mayor de Latinoamérica.

La Fiesp participa de parte de la organización y asistencia a los manifestantes opositores que se colocaron en la Avenida Paulista, en Sao Paulo, la ciudad más grande del país, para reclamar la salida de Rousseff.

La referencia al suicidio forma parte de la cultura política brasileña: el 24 de agosto de 1954, cuando su mandato democrático iniciado en 1950, el entonces presidente laborista Getulio Vargas se suicidó en medio de una intentona desestabilizadora que incluyó a los sectores más poderosos de la economía. Ante una pregunta de EL TELÉGRAFO, Skaf anticipó que “el próximo presidente (dando por descontado el fin de la gestión Rousseff en mayo) deberá recortar el presupuesto y el gasto público y no aumentar los impuestos”. (I)