El dolor, el miedo, la angustia y la resignación se sienten todavía en San Juan Pilcaya, Chietla y Atzala, municipios del estado mexicano de Puebla, cuando se cumplen dos años del terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Sus habitantes aún no pierden la esperanza de recibir la asistencia prometida por las autoridades y diversas asociaciones que los ayudaría a reconstruir sus viviendas.

Pero ese apoyo no ha llegado. Se quedaron en el olvido a dos años de esta tragedia que dejó a cientos de personas sin un patrimonio, que no se ha podido recuperar o simplemente se han tenido que acostumbrar a vivir en condiciones precarias.

Calles vacías, escombros, viviendas con vallas y muros derrumbados, muebles destrozados por la caída de piedras y objetos olvidados configuran el paisaje de estos municipios.

Son lugares que, según sus vecinos, se han convertido en guarida de delincuentes y donde ha aumentado el número de personas en situación de calle, porque la mayoría de las casas sufrieron un daño total.

Cuando los habitantes de la zona ven llegar a alguien foráneo, inevitablemente se les ocurre preguntar si son encargados de levantar el censo de afectados por los terremotos, puesto que dos años después no han recibido ninguna ayuda.

Es el caso de Mario Rodríguez Soriano, damnificado de San Juan Pilcaya, quien con lágrimas contó que su casa construida con adobe -donde vivió más de 70 años- se derrumbó aquel día que se “sacudió la tierra”, en referencia del sismo de magnitud 7,1 que impactó en el centro del país hace casi dos años.

Por su edad avanzada no ha podido juntar el dinero que necesita para volver a construir un espacio digno para su familia.

Por ello viven nueve personas en un cuarto donde tienen tres camas separadas por unas sábanas que simulan cortinas para tener un poco de privacidad.

Mario explicó que quedó hastiado por la burocracia: “Ni he ido porque me cansé; me decían mira, danos este papel, este otro... A veces ni tenía dinero para ir a sacar las copias”.

De igual manera, Ricarda Hernández, damnificada de San Juan Pilcaya, compartió que el personal que realizaba el censo de daños le aseguró que ella había tirado su vivienda para lograr los beneficios y sacar dinero para su bienestar.

“Oiga, no crea que estoy loca, le digo que eso era mi casa, ahorita no tengo nada”, respondió Ricarda, quien compartió que desde ese día se siente mal por el miedo y el recuerdo que se aproximan con la llegada del segundo aniversario.

Pero las historias no se detienen en esos municipios, pues en el de Chietla, Benito Fernando Paredes explicó que habita en una vivienda apuntalada, por no tener 45.000 pesos ($ 2.300) para construir su techo, ya que le ha dado prioridad a los estudios de sus hijos para que puedan forjar su futuro.

En el municipio de Atzala, los habitantes recuerdan a las 12 personas que perdieron la vida dentro de la iglesia; sin embargo nadie quiere hablar de ese día.

Los vecinos están acostumbrados a caminar por la zona restringida por la autoridad, donde ven cómo se deteriora cada día más su templo, que ya no cuenta con las torres y sigue cubierto de escombros.

Toda la región espera que se dé cumplimiento a las promesas realizadas por las autoridades, para vivir sin miedo y lograr que todos tengan una vida mejor.

El 19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7,1 y con epicentro entre Puebla y Morelos (centro del país), dejó 369 muertos, 228 de ellos en Ciudad de México.

Días antes, el 7 de septiembre de 2017, otro sismo de magnitud 8,2 con epicentro en el sureño estado de Chiapas había causado 98 víctimas mortales. (I)