Un decreto publicado el viernes por la Secretaría de Gobernación, en el Diario Oficial de la Federación, detalla que el Congreso de México a partir de ayer tiene la facultad para expedir leyes que establezcan tipos penales y sanciones en secuestro y otras formas de privación de la libertad, como la desaparición forzada de personas.

Además, podrá hacerlo en lo referido a la trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, también en el ámbito electoral.

Los observadores estiman que esta medida podría dar un vuelco al conocido Caso Iguala, por la desaparición de 43 jóvenes normalistas el pasado septiembre de 2014.

La resolución establece que el Congreso deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan dentro de los 180 días siguientes y también podrá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. (I)