Mientras un juez federal   bloqueaba    una ley  contra los  indocumentados en   Georgia, otra era aprobada en  Carolina del Sur, una medida similar a la SB1070 de Arizona, que criminaliza a los “sin papeles”, la misma que fue criticada por el gobierno de México.

La gobernadora de Carolina del Sur (EE.UU.), Nikki Haley, firmó el lunes  la ley SB20, una medida similar a la SB1070 de Arizona -que criminaliza a los “sin papeles”-, en medio de amenazas de demandas por considerarla inconstitucional y muy costosa.

“Esta legislación envía el mensaje de que Carolina del Sur es un estado que sigue las leyes y que da la bienvenida a la inmigración legal, pero no a los ilegales. (Los indocumentados) Se pueden ir a otra parte”, afirmó Haley en el capitolio estatal, durante la promulgación de la medida, que entrará en vigor en enero de 2012.

La medida permite a las agencias del orden público indagar el estado migratorio de los detenidos sospechosos de algún delito y comunicarse   con oficiales del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) cuando se sospecha que se tiene en custodia a un indocumentado.

También dispone la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, una especie de policía de inmigración local con 12 agentes y un costo de 1,3 millones de dólares con poderes para examinar el estatus migratorio de una persona.

Asimismo la ley convierte en delito mayor con penas de hasta 25.000 dólares o cinco años de prisión la producción de documentos falsos y el no portar consigo una identificación estatal, como licencia de conducir o documento migratorio. También obliga a las empresas a comprobar la legalidad de los trabajadores, utilizando el sistema federal E-Verify, y los que no utilicen el programa corren el riesgo de perder sus licencias de operación e inclusive de ser cerradas temporalmente.  El Gobierno de México condenó ayer la promulgación de la ley antiinmigrante SB20 en el estado de Carolina del Sur (EE.UU.) al considerar que "criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales".

“La ley puede afectar los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad”, expresó  la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

Al promulgar la ley, Carolina del Sur sigue los pasos a Arizona, Utah, Georgia y Alabama, que aprobaron legislaciones para combatir la inmigración ilegal.

Sin embargo, el juez de distrito Thomas Thrash determinó que la  de  Georgia, incluso si servía para impedir que algunos extranjeros no autorizados obtengan beneficios públicos, era demasiado draconiana y no podía ser aplicada equitativamente en todo el estado.

La ley, aprobada por la legislatura estatal de Georgia en abril, habría entrado en vigor el 1 de julio, pero fue cuestionada por grupos de inmigrantes latinoamericanos en el estado.

La decisión de Thrash también suspendió una disposición de la ley que establecía castigo a las personas que, con conocimiento de causa, transportaran o albergaran inmigrantes ilegales.

El juez escribió en su fallo que agentes y funcionarios de las fuerzas del orden locales y estatales no tienen autorización para arrestar, detener o juzgar basándose en la disposición.

La decisión legal fue una victoria para la creciente comunidad hispana de Georgia, que temía que la policía arrestara y detuviera indefinidamente a los “sin papeles”.