El primer ministro británico, David Cameron, prometió hoy mano dura contra los culpables de los disturbios en el Reino Unido, al tiempo que recomendó no bajar la guardia, pese a que la pasada madrugada fue la primera en calma.

En una sesión extraordinaria del Parlamento, el jefe del Ejecutivo empleó su lenguaje más contundente al afirmar que el Gobierno hará "todo lo que sea necesario" para restablecer el orden en un país conmocionado por un vandalismo sin precedentes.

Este fin de semana se mantendrá la intensa presencia policial después de las escenas de violencia registradas desde el sábado en varias ciudades de Inglaterra, que se han saldado con unos 1.500 detenidos.

Entre ellos, dos niños de solo 11 años, estudiantes sin antecedentes, hijos de familias de clase media o una trabajadora social de 24 años, que se confesó culpable de no haber resistido la tentación de robar un televisor de un comercio saqueado.

Sin embargo, la mayoría son veinteañeros y adolescentes, muchos hijos de familias desestructuradas, según Cameron, que se han dejado contagiar por la violencia iniciada el sábado en el barrio de Tottenham, en Londres.

Tras cuatro noches de disturbios, ayer se vivió la primera jornada de calma en el Reino Unido gracias a una mayor presencia policial, con la colaboración de la intensa lluvia caída en algunas ciudades.

En Londres, donde 16.000 agentes vigilan las calles, Scotland Yard ha practicado hasta ahora 922 arrestos por actos violentos, desórdenes y saqueos, mientras 401 personas fueron procesadas.

En Nottingham, donde una pequeña de 11 años fue acusada de "cometer actos delictivos", hubo 105 arrestos; en West Midlands 330 y en Manchester, una de las ciudades más afectadas, 140.

Aunque el alcalde de Londres, Boris Johnson, elogió hoy la labor de los agentes ante la crisis, Cameron opinó que la reacción de la policía a los disturbios fue "demasiado lenta" y que se equivocaron al tratar los altercados como incidentes de orden público, en lugar de actos delictivos.

A redes sociales como Facebook o Twitter se les ha culpado de actuar como plataforma para extender el radio de acción de los responsables de los disturbios.

Uno de ellos, Nathan Sinden, de 27 años, permanece hoy bajo custodia por haber colgado mensajes en Facebook para animar a sus "amigos" a provocar desórdenes con mensajes como éstos: "Vamos a iniciar disturbios en Hastings. ¿Quién se apunta?" o "¿Hoy toca saquear. ¿Quién se viene de compras?".

Pero estas redes también han servido para coordinar acciones ciudadanas como la que el martes protagonizaron miles de londinenses, organizados a través de Twitter para limpiar por su cuenta los destrozos ocasionados en los barrios.

O las que han permitido que un barbero de 89 años, que vio cómo su negocio desaparecía calcinado por las llamas en Tottenham, tenga ahora un fondo de donaciones creado por internet para reconstruir su negocio, que regenta desde hace cuatro décadas.

Hoy el jefe del Ejecutivo prometió que se intervendrán las redes sociales que se empleen en actos delictivos.

Cameron anunció, además, nuevas medidas para erradicar una cultura de bandas juveniles que considera ya "una prioridad nacional", ante "la evidencia de que han estado detrás de la coordinación de los ataques contra la policía y los saqueos".

Las autoridades se inspirarán en programas empleados con éxito en ciudades como Boston (EE.UU.) o Strathclyde (Escocia) para combatir la violencia de grupos juveniles y pedirá asesoramiento al excomisario de la policía de Nueva York y Los Ángeles Bill Bratton.

Esta sucesión de altercados ha provocado que desde la oposición y la alcaldía de Londres se cuestione el plan de recortes en el cuerpo de policía, como parte del plan de austeridad del Gobierno.

El líder del Partido Laborista, Ed Miliband, remarcó hoy en el Parlamento que la "absoluta prioridad" ahora es mantener la seguridad y que esos recortes podrían "dificultar" el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables de los disturbios.

Un ruego que Cameron, en principio, no va a atender: en el debate insistió en que los recortes no tienen por qué afectar a la eficiencia de la policía.