Argentina busca un arreglo con los ‘fondos buitre’ para resolver un conflicto que arrastra desde 2010 y que tiene bloqueado el acceso de Argentina a los grandes mercados financieros. El gobierno de Mauricio Macri presentó este viernes su oferta para cerrar el litigio por una deuda millonaria por bonos en default, pero le resta convencer al núcleo duro de acreedores y obtener la venia del Congreso, donde a falta de mayoría deberá transitar un delicado equilibrio político.

Deberá además asegurarse el financiamiento para pagar la oferta de $ 6.500 millones, el 25% menos sobre la sentencia de $ 9.000 millones que reconoció el juez de Nueva York, Thomas Griesa.

Hasta ahora solo aceptaron 2 de los 6 principales fondos especulativos que ganaron un juicio contra Argentina.

Siguen las negociaciones con el núcleo duro, encabezado por los fondos NML Capital y Aurelius que en 2012 lograron la sentencia favorable para cobrar una deuda que hoy asciende a $ 1.750 millones.

Este intento por resolver un conflicto que lleva años en los tribunales neoyorquinos tiene lugar tras el anuncio el martes de un preacuerdo entre Argentina y 50.000 bonistas italianos para pagarles el 150% del importe original del capital de $ 900 millones por títulos en default. Esto significa un monto de $ 1.350 millones.

Según el diario Página 12, el pago de los casi $ 8.000 millones, que representa la deuda a los ‘fondos buitre’ neoyorquinos más lobbistas italianos, será en efectivo. Para obtener esos recursos el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay deberá recurrir al endeudamiento externo con el sistema financiero internacional.

La operación consiste en emitir nuevos títulos públicos por un monto mayor que quedarán en poder de las entidades financieras compradoras, mientras que los dólares recibidos serán entregados a los acreedores litigantes.

Al hacer referencia a las alternativas de pago, las cuales serán en efectivo, el secretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda, Luis Caputo, detalló que “hay una que es para todos, del 150%, y una que es particular para los que tienen una cautelar en el juzgado de Thomas Griesa, del 30% de quita del reclamo”.

Bajo ese marco, recordó no obstante que la propuesta “está sujeta a la aprobación del Congreso argentino y al levantamiento completo de la medida cautelar” del juez Griesa, que impide el pago a los bonistas reestructurados.

De todas maneras, ningún acuerdo garantiza que los inversores que accedieron al canje en 2005 y 2010, que incluía quitas del 70%, no reclamen el mismo tratamiento y, como lograron hacer los buitres, encuentren un juez dispuesto a acompañarlos. (I)