El director de Amnistía Internacional para España, Esteban Beltrán, consideró que la condena dictada este viernes por genocidio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt es un gran paso en contra de la impunidad, pero lamentó que sin la colaboración del Ejército no serán posibles más juicios.

“A diferencia de lo ocurrido en el Cono Sur, el Ejército en Guatemala sigue siendo el que era entonces, no ha sido reciclado al ámbito de los derechos humanos, no ha abierto los archivos, ni colaborado en la investigación”, señaló.

“Por eso el juicio tiene más mérito, ya que no ha contado con la colaboración del Ejército ni del Estado”, subrayó Beltrán.

El responsable subrayó que Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, ha sido condenado a 80 años de prisión tras demostrarse el asesinato de 1.771 indígenas de la etnia Ixil, pero que “unas 200.000 personas murieron o desaparecieron durante los 36 años de guerra civil en Guatemala”.

Por ello, recordó que “aunque esta sentencia es importante, y el que inició el genocidio está en prisión, todos los demás responsables están libres”.

El responsable de AI España, que durante años fue investigador de los crímenes en Guatemala, aseguró que "lo esencial es que haya colaboración del Ejército para que continúen los juicios a un nivel inferior", ya que “sin eso no será posible”.

Beltrán también aplaudió la sentencia por el “impacto” que cree que podrá tener en otros países de Centroamérica “como El Salvador y, sobre todo, en Honduras, donde la impunidad también es total”.

“Guatemala ha sido la república de la impunidad para delitos y crímenes relacionados con el conflicto armado, y sigue desbocada en materia de impunidad. Prácticamente nadie que comete un delito y está relacionado con el Estado es investigado y menos llevado a los tribunales”, señaló.

En la histórica sentencia condenatoria emitida el viernes, un tribunal guatemalteco argumentó que “Ríos Montt tuvo conocimiento” de las matanzas perpetradas por las Fuerzas Armadas bajo su mando en contra de los indígenas de la etnia Ixil, y que “no lo detuvo a pesar de tener el poder para evitarlo”. ”Se ha comprobado que la población civil del grupo Ixil fue objeto de asesinatos en forma masiva" por medio de "masacres, torturas, degradación de su dignidad, violaciones sexuales y desplazamientos forzosos”, según la resolución del tribunal.

Apelación

Francisco García Gudiel, abogado de Ríos Montt, declaró a diario Prensa Libre de Guatemala, que el fallo todavía es susceptible por muchas instancias, ya que ustedes —los periodistas— fueron testigos de la violación al debido proceso.

El jurista explicó que se encuentran pendientes cuatro inconstitucionalidades en la Corte de Constitucionalidad (CC), entre ellas una por la imprescriptibilidad del delito, debido a que Guatemala no es parte del Convenio que acepta la vigencia del ilícito 20 años después de ocurrido.

Una segunda para que se aplique la Ley de Reconciliación Nacional, y otra porque el Tribunal no podía juzgar un delito que ocurrió en 1982, cuando este aún no existía.

El defensor afirmó que hay más acciones pendientes de resolver por las salas Primera y Tercera del Ramo Penal, así como en la Corte Suprema de Justicia. Agregó que todas estas medidas pueden anular la sentencia emitida por el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A.