El borrador del informe de la Contraloría General del Estado ratifica los errores cometidos en la compraventa, por parte del Ministerio del Ambiente, de 66 lotes al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). La Procuraduría concluyó lo mismo en otro reporte.

El borrador fue leído a las partes, de manera reservada, el pasado 8 de abril, en Quito. El caso llegó hasta la Contraloría porque el Gobierno consideró que pagó $ 41 millones en exceso al Issfa al basarse la transacción en un avalúo erróneo. La cartera del Ambiente requería en 2010 los 66 lotes para construir el Parque Samanes, en Guayaquil, que actualmente ya funciona.

El actual ministro del Ambiente, Daniel Ortega, mediante un oficio, pasado viernes, solicitó al procurador Carlos Pólit una copia del borrador. El documento fue entregado el martes pasado.

Diario EL TELÉGRAFO tuvo acceso a este borrador de informe. En las conclusiones se aclara que la compraventa se debía basar en el avalúo del Municipio de Guayaquil. Pero las autoridades fijaron el valor de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac).

“Los servidores y el director Nacional de Avalúos y Catastros del Miduvi (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) efectuaron, revisaron, supervisaron y validaron el avalúo de 66 lotes de terreno pertenecientes al Issfa sin considerar el artículo 58 de la Losncp”, señala el documento.

Esta última sigla se refiere a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El numeral referido estipula que “cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la ley”.

El informe de la Contraloría agrega que la transacción se hizo “sin cumplir los requerimientos técnicos, por cuanto el método comparativo utilizado para el avalúo de los terrenos en mención no fue aplicado consistentemente conforme lo señalado en el artículo 495 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad)”. En esta norma se ordena: “El valor de la propiedad se establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado sobre el mismo”.

Para la Contraloría, el avalúo utilizado “no justifica técnicamente el incremento del metro cuadrado (...) situación que ocasionó que se distorsione el costo del metro cuadrado del suelo, por la comparación y homogeneización de macrolotes frente a terrenos que tienen una superficie menor”.

La Contraloría considera como error que la transacción se haya basado en el avalúo de la Dinac y no en la del Municipio local. La primera valoró los 66 lotes en $ 48 millones y el Cabildo porteño fijó la cifra en $ 7 millones. La diferencia de $ 41 millones es la que reclama el Gobierno, a través del Ministerio del Ambiente. El Issfa nunca aceptó esta tesis, ahora refrendada por la Contraloría, y se rehúsa hasta el momento a pagar el exceso.

El general Patricio Cárdenas, excomandante del Ejército, acudió a la lectura del borrador como exvocal del Consejo Directivo del Issfa. “Se ratifican”, dijo a los periodistas que le habían preguntado si el informe de la Contraloría determinaba una violación a los procedimientos.

Esta misma semana, Daniel Ortega, ministro del Ambiente, pidió la devolución de los $ 41 millones y también solicitó a la cartera de Finanzas hacer el cruce de recursos. Ninguna autoridad del Gobierno ha confirmado, hasta el momento, si la transacción ya se realizó. (I)