Hace trece años el Ecuador adoptó la dolarización como sistema monetario oficial, y aunque en la actualidad, varios indicadores revelan un desempeño favorable de los principales sectores que componen la economía ecuatoriana, es importante analizar y recordar cuáles fueron los factores y
actores que generaron lo que en su época fue la mayor crisis social que el país ha vivido en sus últimos treinta años. 

Las causas fundamentales fueron las políticas neoliberales que se aplicaron a través de diferentes normativas durante el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik, entre la que se destaca, la Ley General de Instituciones Financieras emitida en 1994, la cual permitió a los banqueros incursionar en múltiples actividades y negocios, ampliar el número de créditos a sus propias empresas (vinculados, casi sin garantías), al tiempo que se reducía la capacidad de control de la Superintendencia de Bancos. 

A esto habría que sumarle una serie de factores externos que fueron los detonantes de la crisis financiera de 1999, entre ellos: los costos de la guerra del Cenepa, los efectos del Fenómeno de El Niño en la costa ecuatoriana, el impacto de la crisis asiática que generó una profunda reducción del precio del petróleo ($ 7 el barril), la contracción de las fuentes de crédito internacional y la reducción del costo de los productos de exportación. Sin embargo, fueron las medidas adoptadas por el gobierno de Jamil Mahuad las que profundizaron la crisis, pues trasladaron los costos del crack de las instituciones financieras privadas, al conjunto de la población. Cabe destacar que a ninguno de los defensores del modelo neoliberal, que eran miembros del gobierno de Mahuad, como por ejemplo Ana Lucía Armijos, se les ocurrió proponer que el mercado sea el regulador de la quiebra de bancos, simplemente se le pasó la cuenta al Estado, socializando las pérdidas y siendo las ganancias privadas. 

Frente aquello, el Estado entregó millonarios créditos de ‘liquidez’ a la banca, emitió bonos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), congeló los depósitos de los ecuatorianos y garantizó el 100% de las acreencias a los bancos. Es decir, se trasladaron todos los costos del irresponsable
manejo de la banca ecuatoriana a la sociedad, lo cual devino en nefastas consecuencias: suicidios, quiebra de pequeñas empresas, aumento del desempleo, se profundizó la pobreza extrema y tuvimos la más grande oleada de migración de nuestra historia.

En el actual momento histórico que vive el país, resulta necesario recordar la crisis de 1999 para reflexionar sobre las consecuencias que hubieron tras la implementación de la dolarización, pues fortalecer la memoria histórica de los pueblos, posibilita reconocer quienes fueron los responsables de dicho atentado contra la vida humana. Por ello, es importante cuestionar el papel histórico y actual que ha cumplido la banca en la economía ecuatoriana.

No conviene cerrar los ojos ante el poder e influencia que ésta ha ejercido en la vida pública y política del país. Cometer los mismos errores implica volver a ese nefasto pasado, por ello, la necesidad de fortalecer una memoria histórica colectiva.