El próximo martes 8 de mayo la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, dará un informe sobre los avances del Programa Económico alcanzados desde el 2 de abril. Para esa misma semana se prevé que el Ejecutivo envíe a la Asamblea Nacional el correspondiente proyecto de ley.

“El país necesita en este momento dar viabilidad a la propuesta económica y que la ley surja lo antes posible”, expresó Viteri tras reunirse con dirigentes empresariales la tarde del jueves en Quito.

La cita dejó más inquietudes que certezas en los representantes del sector privado, quienes esperan que la legislación cumpla el ofrecimiento presidencial de no crear nuevos impuestos ni incrementar la carga impositiva.

Sin embargo, observan contradicciones en la eliminación de cinco incentivos tributarios. A criterio de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), “hay un error conceptual”, pues al suprimir beneficios se instaura un nuevo gravamen, restando liquidez a los contribuyentes.

Si bien aplauden la eliminación del impuesto mínimo existe preocupación por el retiro del crédito tributario sobre el impuesto a la salida de divisas (ISD).

“Hay materias primas importadas para sectores farmacéutico, alimenticio, plástico, textil, maderero, que se van a ver afectados”, opinó Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE).

Martínez, al igual que otros dirigentes, considera que eliminar el crédito tributario impactará a la competitividad de la producción nacional. Dentro del Programa Económico el gobierno proyecta recaudar $ 330 millones a partir de 2020 por concepto de la eliminación del crédito tributario del ISD.    

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria estipula -en el segundo artículo innumerado a continuación del artículo 162- que el crédito tributario se aplicará para el pago del impuesto a la renta de los cinco últimos ejercicios fiscales, los pagos realizados por concepto de ISD en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean incorporados en proceso productivos.

El 19 de abril la Asociación de Productores Ecuatorianos de Lubricantes (APEL) envió una carta dirigida a Viteri en la que exponen perjuicios a la industria por la medida en cuestión, así como por la tasa de control aduanero y la elevación de aranceles (aún por concretarse).

La APEL está conformada por seis empresas que abastecen el 61% de la demanda nacional y generan alrededor de 150 mil empleos directos.

Valeria Naveda, representante de la Asociación, indicó a EL TELÉGRAFO que el 100% de la materia prima utilizada (base de lubricante y aditivos) para la elaboración de lubricantes es importada porque las refinerías del país no producen los materiales que requieren.

Esos dos insumos, además, constan dentro del listado de materias primas establecidas por el Comité de Política Tributaria, por lo que la APEL aboga ante el Gobierno para que se mantenga el crédito tributario, pues ha servido para mantener un crecimiento sostenido de las exportaciones.

Caso contrario, advirtió Naveda, surtirá un efecto negativo en los precios de comercialización final, lo cual representa una desventaja competitiva.

En 2017 el sector incrementó el 4,4% del volumen exportado a la región, generando $ 12 millones a favor de la balanza comercial.
Pese a que la industria nacional abastece en su mayoría al consumo doméstico, el porcentaje ha venido disminuyendo a consecuencia de los sobrecostos y desventajas frente a otros productores extranjeros, anotó la vocera.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE) la importación de lubricantes terminados aumentó el 18% en 2017, mientras que la producción interna creció el 9%, motivada por las exportaciones.

“Por cada $ 3 de divisas que salen de un producto importado terminado en el caso de lubricantes nacionales, el egreso es de $ 1”, precisó Naveda a la espera de una respuesta positiva del Ministerio de Economía. (I)