Políticas de desarrollo infantil y la eficiencia

El problema social del desarrollo infantil es la existencia de niños que no logran, desde la primera infancia, desarrollar sus habilidades cognitivas y ‘no cognitivas’, por tanto ven mermadas sus capacidades presentes y futuras. Esto significa que las desigualdades sociales surgen desde el principio de la vida.

Estudios realizados en el país muestran que hay importantes brechas en el desarrollo cognitivo de los niños en edades tempranas según el nivel socioeconómico de los hogares. Al cumplir 6 años -edad de inicio de la escuela- un niño del 20% más pobre del índice Selben (ahora Registro Social) tenía un atraso de aproximadamente un año en su desarrollo cognitivo respecto de los niños del tercer quintil, brecha que no se cierra durante la etapa escolar. Así, en cuarto año de educación básica, en lectura, los niños del tercer quintil Selben eran capaces de leer cerca del doble de palabras que niños de edad comparable en el 20% más pobre.

Dixon y Nussbaum, en su artículo Children’s Rights and a Capabilities Approach: The Question of Special Priority, plantean el principio de la vulnerabilidad para justificar la intervención del Estado. Los niños dependen de los adultos hasta que alcancen su madurez física y emocional, razón por la cual están en una situación de vulnerabilidad.

El Estado tiene la responsabilidad de proteger a los niños, así como la obligación de apoyar el cuidado y desarrollo infantil de los niños cuyos padres y familias, por su situación de pobreza, no tienen el conocimiento o los recursos para hacerlo. Otro principio que esgrimen Dixon y Nussbaum es el de costo-efectividad: “En algunos casos, el costo marginal de la satisfacción de una demanda de derechos será tan bajo, en relación con los grandes beneficios que implica para el individuo, que cualquier negación de tal demanda constituirá una afrenta per se a la dignidad de una persona”. Y plantean que en “otros casos la concesión de prioridad a los derechos del niño aún puede estar justificada, en virtud de un principio de costo-efectividad, debido a la capacidad de tales derechos para evitar una espiral de necesidad de intervención estatal con costos crecientes para proteger más y más capacidades en el futuro”.

Por otra parte, James Heckman, premio Nobel de Economía 2000, justifica la redistribución de recursos hacia los niños desfavorecidos por motivos de eficiencia. Señala que hay “pruebas convincentes de que las intervenciones de alta calidad dirigidas a los primeros años son eficaces en la promoción de las habilidades”. Por lo tanto las políticas de desarrollo infantil se justifican no solo en términos de justicia social y equidad, sino también por razones de eficiencia.