El Gobierno amplió a un año la asesoría legal a los compatriotas residentes en España que se han visto afectados por la crisis hipotecaria que se  evidenció en 2008.

Cerca de 1.000 ecuatorianos han sido atendidos, a partir del 29 de febrero, en los consulados de Madrid, Murcia, Barcelona y Valencia.

Siete abogados, contratados por la Embajada ecuatoriana, explican a los inmigrantes  cuál es  su situación, las implicaciones de la ejecución hipotecaria, las vías de negociación con las entidades financieras y los recursos para acceder a una justicia gratuita.

Rafael Mayoral, quien forma parte del buró de abogados, comentó que en los juzgados españoles ni siquiera se instruye a la gente sobre los derechos que tiene para acceder a un procurador y poder litigar. “A eso es lo que nos enfrentamos a diario”, mencionó.

La embajadora de Ecuador en España,   Aminta Buenaño, señaló que la ampliación del plazo, de 3 a 12 meses, para  dar asesoría jurídica a los ecuatorianos fue vital, porque la demanda supera al número de abogados contratados.
Dijo que el mecanismo que se emplea para atender a los inmigrantes es a través de turnos que ya están copados hasta mayo.

La Defensoría del Pueblo y la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) también colaboran en  esta iniciativa.
El 13 de diciembre de 2011, la  Embajada  suscribió el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con la Defensoría del Pueblo para reforzar la asesoría jurídica a favor de los afectados.

En tanto, la Senami a través de sus oficinas en España brinda información básica de asesoría jurídica, realiza charlas y talleres sobre el tema.

Un informe de la Secretaría, con corte a marzo pasado, describe que   fueron atendidas 29 personas en 2008,     343 en 2009, 620 en 2010 y 3.500 hasta octubre de 2011.

Plataforma de hipotecados

Antes de que la Embajada contratara a los siete abogados, este grupo humano trabajaba gratuitamente en lo que se denominó   “plataforma de hipotecados”, constituida por gente de 50 ciudades españolas, siendo el colectivo ecuatoriano el más numeroso.

Solo en España se encuentran alrededor de 500.000 ecuatorianos, que tienen sus papeles en regla, y se estima que entre 8.000 y 15.000 familias fueron afectadas por la crisis hipotecaria, según     la Embajada.

Una auditoría social, realizada por la Coordinadora de Ecuatorianos en España (Conadee),  expresó que ante la crisis inmobiliaria, la banca de ese país  reaccionó con una “desenfrenada y agresiva presión hacia los hipotecados y avalistas para que paguen”.  Mientras que la respuesta de los deudores es que no tienen empleo ni ingresos y  quieren cubrir la deuda con la entrega del piso. El informe recoge una muestra efectuada en agosto de 2008.

La muestra tomada en Madrid establece que de 172 créditos, el 55% los concedió Caja Madrid; el 8% entre el Banesto y el Banco Santander, Caja Mediterráneo el 6%, BBVA el 4%, la financiera Credifimo  perteneciente a Caja Sol el 4%  y otras entidades en menor cantidad.

La Conadee precisó que el plazo promedio al que se entregaban los créditos era de 30,7 años, pero con el tiempo aumentó a  40 años.

El monto promedio de los créditos registrado en la muestra es de 219.447,34 euros; mientras que la deuda más grande es de 400.000 entregada por la financiera UCI, y el menor es de 126.000 euros.

Así mismo, la Coordinadora informó que a 250.000 euros asciende el valor que más se ha concedido en préstamos hipotecarios con una tasa de interés de un  2,35%.

En relación a los niveles de morosidad, solo el 29% de la muestra está al día en sus deudas, el 60% se encuentra en mora y al 11% le han iniciado la ejecución de la hipoteca. Aída Quinatoa, presidenta de la Conadee, y Mayoral confirmaron que el Banco del Pichincha está haciendo efectiva la ejecución hipotecaria, luego de que compró cartera vencida a Caja Madrid y Bankia.

“Nosotros tenemos ese miedo de que cualquier institución financiera nos ataque en nuestro país”, exclamó, al tiempo de indicar que  también es víctima del “fraude”.

Aída adquirió un piso de 48 metros cuadrados a un precio de 164.000 euros  a 30 años plazo. “La inmobiliaria me dijo que en dos años firmaba el aval cruzado y les creí, pero pasaron 8 años y nada. Mientras el interés no para de subir”, expresó.

Medidas colaterales

En Ecuador se conformó una comisión jurídica de la Cancillería que está a cargo de analizar otras alternativas para ayudar a los compatriotas. La delegación está conformada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Marco Albuja; la subsecretaria de Asuntos Migratorios, Consulares y Refugio; Eliana Larrea; y los asesores Eduardo Mangas y Piedad Mancero.

Entre las acciones emprendidas están los acercamientos realizados con la Superintendencia de Bancos y la Asamblea Nacional.

El  3 de abril, la Junta Bancaria, presidida por el superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines,  a través     de la resolución JB-2012-2142, prohibió al sistema financiero nacional, que tenga subsidiarias o filiales en el extranjero, la compra de cartera hipotecaria de los inmigrantes.

Así mismo, la Asamblea tramita la ley para la Regulación de Créditos de Vivienda, conocida como Ley de Hipotecas.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aclaró que el problema que tienen los compatriotas radica en las leyes españolas.

“La banca les prestaba el 120% para las casas porque había liquidez. Si querían una casa, el banco les daba el crédito y la valoraba. En todas s partes del  mundo, si no se puede pagar el crédito se entrega la garantía y se extingue la deuda, pero en España el banco cobra la garantía, revalúa la casa y continúa la deuda”, puntualizó.
El gobernante insistió en que esto es “una muestra de supremacía del capital sobre los seres humanos”.