Desde la primera semana de julio, la Red Pública Integral de Salud empezará a adquirir los medicamentos obtenidos a través de la subasta inversa corporativa, que inició hace ocho meses.

Este proceso tuvo como objetivo la suscripción de convenios macro que, durante los próximos 2 años, otorgan derechos exclusivos para la provisión de 425 fármacos correspondientes al cuadro nacional de medicamentos básicos.

Para clarificar las inquietudes derivadas de la subasta, Juan Pablo Bermeo, director subrogante del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), compareció ayer ante la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional.

Bermeo explicó que el rol del Sercop fue seleccionar a los proveedores a través de un proceso que implicó cuatro etapas: preparatoria,  precontractual, contractual  y evaluativa.

A la fecha, la subasta arrojó los siguientes resultados: 200 medicamentos fueron adjudicados; 156 están en la etapa de verificación de documentación y se estima que la primera semana de julio se firmen los convenios; 25 medicamentos deben entregar la documentación respectiva hasta el 4 de julio; 35 están en análisis y 9 atraviesan otros mecanismos.

Bermeo informó que $ 67 millones fueron destinados a la adjudicación de 200 medicamentos. De esta manera, el Estado ecuatoriano logró un ahorro de $ 113 millones con respecto al presupuesto referencial inicial de $ 180 millones. Además, el 79% de los ganadores de la subasta corresponde a proveedores nacionales y el 21% a internacionales.

El asambleísta Bayron Pacheco (Avanza) criticó que el registro sanitario no haya sido un requisito para la inscripción de proveedores y que en vez de ello se lo haya solicitado antes de la adjudicación. Frente a ello, Bermeo señaló que esta decisión fue derivada de la recomendación de la Contraloría de eliminar toda barrera de entrada que restrinja la participación.

“Lo que le interesa al ciudadano es que no se emita un derecho de provisión de medicamentos sin un registro sanitario y esto está garantizado en el proceso”, explicó el funcionario.

Para la etapa de evaluación, el Sercop implementará un sistema de alerta que comenzará con un muestreo aleatorio en perchas. Luego se efectuará un análisis de los medicamentos en laboratorios acreditados a nivel nacional e internacional. El costo de esta evaluación lo cubrirán los proveedores.

Asimismo, estará habilitado el correo electrónico [email protected], para que tanto la ciudadanía como los químicos farmacéuticos de las unidades de salud pública denuncien si, tras realizar una orden de entrega, hay retrasos, no reciben lo solicitado o si los medicamentos llegaron en malas condiciones. No obstante, los mecanismos de  farmacovigilancia serán responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud y la Agencia de Control y Regulación Sanitaria.

Al concluir la audiencia, William Garzón, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, destacó la transparencia demostrada en el proceso de subasta. (I)