El Metro de Quito, el sistema de aguas residuales de Guayaquil-Los Merinos, la infraestructura del Transporte Fase I (a ejecutarse en Manabí y Esmeraldas) y el aeropuerto de Manta son proyectos a los que el gobierno inyectará $ 685,2 millones.

Los recursos provienen de las recientes operaciones de financiamiento que concretó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por un valor total de $ 1.185,2 millones.

Finanzas informó la noche del martes pasado que el Comité de Deuda y Financiamiento aprobó cuatro líneas de crédito con bancos y organismos multilaterales (fondos destinados a obras de infraestructura), y otro préstamo de libre disponibilidad.

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) concedió dos créditos. Uno por $ 230 millones que irá a la Primera Línea del Metro de Quito; y otro valorado en $ 233,6 millones se lo entregará a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil para financiar parte del sistema de gestión de aguas residuales.

Adicionalmente, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó $ 152,2 millones para el proyecto quiteño.

Para la reconstrucción de la infraestructura del Transporte Fase I, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, más la edificación del aeropuerto de Manta se asignarán $ 69,4 millones de un préstamo con The Export Import Bank of China.

“Con estos recursos mantendremos la ejecución de proyectos de forma eficiente y oportuna”, señaló Richard Martínez, titular de Finanzas, en un comunicado oficial en donde destaca que se cumple con la programación de financiamiento de este año.

El crédito que más ha despertado la atención de analistas es la operación de Repo (venta con pacto de recompra) con el banco suizo Credit Suisse y que involucra bonos Global 2022.

Por esta vía, el gobierno entregó los papeles cotizados en $ 1.250 millones y a cambio recibió del banco $ 500 millones. La transacción fijó un interés del 5,65%, calculado a partir de una tasa Libor de tres meses (interés interbancario del mercado de Londres), más 315 puntos básicos. Tiene 4,5 años de plazo.

Se contabiliza como pasivo contingente, pero en caso de que el Estado no cumpla con el pago esos recursos pasan a convertirse en deuda pública. No es una negociación tradicional en el mercado de capitales, aclara Finanzas, pues de haberlo hecho se pagaría el 9,65% de interés.

Por segunda ocasión el gobierno recurre a una transacción de este tipo. La primera fue en agosto con Goldman Sachs, entidad que otorgó $ 500 millones por bonos 2020 y 2022 cotizados en $ 1.201 millones.

Que se aplique esta estrategia significa que las opciones de financiamiento barato se ven limitadas por el nivel actual del indicador de riesgo país, que al 6 de noviembre registró 682 puntos.

Así describió Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, quien considera que continúa la dependencia “contratar deuda para sostener la economía”.

Por ello insiste en que urge reducir aún más el gasto público e incrementar la producción y exportaciones, con el objetivo de generar recursos propios. (I)