Durante la emergencia sanitaria por la pandemia mundial de covid-19 el Estado ecuatoriano accedió a fuentes de financiamiento de organismos multilaterales.

Con el Banco Mundial el país consiguió $ 70 millones, de los cuales $ 20 millones servirán para equipamiento en salud y dispositivos médicos. Los $ 50 millones restantes financian el Bono de Protección Familiar, explicó el ministro de Economía, Richard Martínez.

Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el país trabajó en conseguir recursos adicionales y en la reorganización de créditos ya existentes. Un primer crédito de $ 250 millones estaba destinado a temas de infraestructura y posteriormente se incrementó a $ 277 millones. De ello, $ 70 millones los destinarán para protección social y $ 180 millones para salud.

A la Corporación Andina de Fomento (CAF) se solicitaron $ 50 millones. También existe una línea de crédito con el Banco de Desarrollo de China (DCB) y de Eximbank que suman $ 110 millones. El Ministro explicó que el país cuenta con $ 580 millones de estos organismos. Para esta semana prevén la llegada de $ 123 millones.

Ante la crisis actual, la prioridad es la salud. A este sector desembolsaron ya cerca de $ 300 millones para el pago de bienes y servicios de atención médica y pago a proveedores pendientes de 2019, para que sigan operando en la red pública. También se destinó a transferencias pendientes, obras, hospitales que requerían equipamiento y contratación de personal para atender la emergencia.

“Para ese desembolso hay procedimientos, hay directorios, formatos establecidos con los que hay que ser muy rigurosos, sobre los procesos de qué comprar y los estándares. Por eso los recursos llegan a medida que vamos evacuando esas inquietudes”, explicó Martínez.

En el caso del personal, contrataron a cerca de 500 personas para los hospitales de Portoviejo, Guasmo Sur, Monte Sinaí, Luz Elena Arizmendi, el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación (Inspi), para reforzar la capacidad de la atención durante la emergencia.

La reactivación económica también es clave. El Gobierno dialoga con multilaterales para estructurar un fondo que inyecte más liquidez a las empresas “para tener créditos blandos y de largo plazo. El objetivo es superar al menos los $ 500 millones”.

El presidente Lenín Moreno también prepara un decreto para ampliar el diferimiento del pago de impuesto a la renta e IVA para las pequeñas y medianas empresas.

El mecanismo será el mismo que se anunció para microempresas: 10% en abril, 10% en mayo hasta completar la totalidad en los meses siguientes. “El objetivo es proteger los empleos”.

Atender a las personas vulnerables es otro frente. Actualmente, un millón de familias reciben diferentes apoyos económicos estatales y, adicionalmente, en mayo, otras 550.000 recibirán el bono de contingencia.

Frente a las propuestas, el economista Mauricio Pozo estima que para mitigar la crisis serán necesarios al menos $ 10.000 millones.

Para el analista Alberto Acosta Burneo, la crisis es totalmente distinta a la del terremoto de 2016 porque “el aparato productivo a nivel nacional está detenido”.

En su cuenta de Twitter expuso que la prioridad será, en lo económico, flexibilizar pagos del sector productivo para evitar quiebras y, en lo social, flexibilizar la relación laboral para cuidar el empleo.

Empresarios piden reorientar la propuesta

Frente a la propuesta integral del Gobierno para enfrentar la crisis económica, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) considera que el Gran Acuerdo Nacional debe partir de consensos mínimos con distintos actores para definir acciones inmediatas a favor de los emprendedores y de quienes dependen de la actividad privada.

Sostienen que el plan anunciado no atiende los impactos que sufre el aparato productivo y los empleos, por lo que proponen revisar un esquema de medidas planteado por el sector empresarial el pasado 2 de abril para los sectores Externo, Fiscal y Financiero, que implicaría 23% de sacrificio fiscal y diferimientos que aliviarán el flujo de las personas y empresas.

Además, respaldan la idea de conseguir liquidez con créditos de los organismos multilaterales para nutrir el tejido empresarial y salvar el mayor número de empleos.

Sin embargo, cuestionan que se propongan “nuevos sacrificios” a los ciudadanos y a las empresas que están en “modo supervivencia” por la paralización del 70% del aparato productivo y el desplome del consumo. Por lo tanto, alertan al Gobierno que las contribuciones tributarias afectarán “directa y seriamente la solidaridad de la ciudadanía y del sector privado”.

Es así que instan al Gobierno a que reoriente y reconsidere sustancialmente el enfoque de los anuncios económicos realizados el viernes 10 de abril, “teniendo presente que 9 de cada 10 empleos formales los genera el sector productivo y que no hay empleo sostenible sin empresas”.

Datos
Apoyo al sector productivo
El esquema de apoyo al sector productivo incluye la prórroga en el pago del impuesto a la renta e IVA, la suspensión de procesos administrativos, agilidad en la desaduanización y la eliminación de aranceles a los insumos médicos.

58 millones de dólares se destinarán en mayo para incluir a 550 mil familias al bono de protección.

Iniciativas privadas
La Cámara de Comercio de Guayaquil abrió la plataforma de e-commerce salvauncomercio.com para que los emprendedores vendan sus artículos y evitar su quiebra. (I)