Sucretización en el país
El Estado pagó la deuda del sector privado en 1983
Uno de los episodios polémicos sobre la negociación y beneficiarios de la deuda externa fue el capítulo conocido como la ‘sucretización’ de la deuda privada, decidida por el expresidente Osvaldo Hurtado a través del Decreto Ejecutivo 2085 del 23 de septiembre de 1983.
En ese entonces, el Banco Central del Ecuador (BCE) asumió la deuda externa privada, que en ese momento representaba el 25% del total de los pasivos externos del país, “lo que generó elevados perjuicios al Estado ecuatoriano por un monto acumulado de $ 4.462 millones”, según estableció la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) en 2008.
El decreto presidencial de 1983 autorizó al ministro de Finanzas (Pedro Pinto, exvicepresidente de Gustavo Noboa) y al gerente general del BCE (Abelardo Pachano, expresidente ejecutivo de Produbanco) a suscribir los diferentes convenios de refinanciamiento a efectuarse en adelante. Otro actor de la operación fue el entonces titular de la JuntaMonetaria, José Correa (+).
De acuerdo al informe de la CAIC, en 1983, por presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Comité de Gestión, el BCE asumió el rol de deudor de elevadas obligaciones de entidades públicas y privadas y contrató créditos en el exterior, directamente con la banca privada internacional, destinados a liquidar los pagarés.
“Los recursos no venían a Ecuador sino que se quedaban en la banca acreedora para el pago de los contratos anteriores. No hubo contabilización en el Banco Central de estos pagos en el exterior”, señaló la Comisión.
El informe de la Comisión detalla que desde 1984 hasta 1994 el stock de la deuda sucretizada subió de $ 1.371 millones a $1.569 millones. Al incluir pagos por capital más interés el monto llegó a $ 1.327,7 millones (suma correspondiente al 93% de la deuda sucretizada original). El diferencial cambiario se calculó en $ 1.557,10 millones, con lo que el monto global de la sucretización se transformó en $ 4.453,90 millones.
En el documento, la CAIC incluye entre los “mayores beneficiarios” de la sucretización a empresas como Mavesa, Banco de Guayaquil, Continental, Progreso, Amazonas, Cofiec, Pichincha, entre otras.
Según el informe, las personas naturales que obtuvieron beneficios de esa operación, entre otras fueron: Fernando Aspiazu (expropietario del Banco del Progreso), Gonzalo Córdova Galarza, Ricardo Crespo, Washington Bonilla, los exministros Roberto Dunn Barreiro y Raúl Baca Carbo, el exvicepresidente de la República, Alberto Dahik.
