Coordinador de la Política Económica, de la CFN, del Banco Central y de la Defensoría del Pueblo, acudirán el miércoles a la Comisión de Desarrollo Económico

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Cassinelli, anunció que el próximo miércoles, a partir de las 10:00, proseguirán con la recopilación de observaciones al proyecto económico urgente sobre el cierre de la crisis bancaria de 1999.

En este marco, citó al ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, a la presidenta de la Corporación Financiera Nacional, María Soledad Barrera, al presidente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez; al Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira; y, a la defensora del Pueblo de Guayaquil, María José Martínez.

Indicó que, en horas de la tarde, los integrantes del organismo legislativo sesionarán con la finalidad de analizar las diferentes propuestas que se presenten durante el proceso de socialización por parte de los involucrados en esta temática, a la vez que señaló que el jueves entregarán a Secretaría General el informe para primer debate del proyecto.

Juan Carlos Cassinelli, señaló que el proyecto tiene tres puntos específicos relacionados con la transferencia de los activos al Banco Central del Ecuador (BCE), la finalización de los fideicomisos; el BCE entregaría a las instituciones públicas (que tengan relación con este tipo de bien) los recursos para que el Ministerio de Finanzas pague con papeles o en efectivo, valores a los acreedores, mientras que para los deudores de buena fe se especifica la reprogramación de sus créditos en función del monto del capital inicial, al 5% de interés anual y a cinco años plazo.

Aclaró que existen créditos vinculados y no vinculados. Dentro de los no vinculados se encuentran los deudores de buena fe, quienes permanentemente han señalado su predisposición para pagar sus deudas. Este grupo de personas han sido perjudicadas porque a más de que se les cobró tasas de interés por arriba del 20% han pagado dos y tres veces sus deudas.

Indicó que las personas que tienen créditos vinculados no forman parte del proyecto de ley enviado por el ejecutivo (2 558 operaciones; 510 deudores).