Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Argentina han sido históricamente conflictivas. El país del sur se especializó desde fines del siglo XIX en la producción y exportación de cereales y carnes a Europa, que difícilmente podían ingresar en el poderoso mercado estadounidense.

Los productores agropecuarios del país del norte gozaron de un poder de presión a través del Congreso y la Secretaría de Agricultura para dificultar la competencia de países como Argentina. Mediante mecanismos de protección no arancelaria (medidas sanitarias, subsidios o leyes antidumping) bloquearon las compras de bienes agropecuarios argentinos.

Esa es una de las fuentes históricas del conflicto que persiste en la actualidad. Mientras América Latina y El Caribe registraron, en los primeros ocho meses de 2012, un superávit en el comercio de bienes con Estados Unidos por 41.236 millones de dólares, Argentina tuvo un déficit de 4.009 millones de dólares. El desbalance batirá un nuevo récord.

A pesar de esta circunstancia, el gobierno de Obama acusó a la Argentina de practicar el proteccionismo por limitar las importaciones y retiró al país del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), descuentos aduaneros otorgados a países “no centrales”. Esos beneficios, si bien solo afectan al 11% de las exportaciones argentinas, tienen el valor de mostrar la capacidad de la Casa Blanca de aplicar represalias. Además, Estados Unidos inició una demanda contra el “proteccionismo argentino” en el marco de la Organziación Mundial del Comercio (OMC). Argentina, por su parte, en agosto pasado planteó una demanda contra Estados Unidos, denunciando que utiliza excusas sanitarias para impedir que entren carnes y limones a su mercado.

La Casa Rosada denuncia, al igual que el gobierno de Brasil y de otros países latinoamericanos, el proteccionismo no arancelario de Estados Unidos, Europa y Japón, y en particular los fuertes subsidios que distorsionan los precios de los bienes agropecuarios. Estados Unidos, por ejemplo, destina más de 120.000 dólares anuales para subsidiar a sus productores agropecuarios, y no precisamente a los pequeños y medianos.

Pero las diferencias económicas no terminan ahí. Los “fondos buitre”, aquellos acreedores externos que no entraron al canje de la deuda de 2005 y 2010, litigan contra la Argentina. A principios de octubre, embargaron la Fragata Libertad, un buque argentino que se encontraba en Ghana. Esto generó un incidente diplomático de alcances impredecibles. Estos fondos especulativos, que compraron deuda por el 20% o 30% de su valor nominal, pretenden cobrar bonos por 3.600 millones de dólares más intereses. Son grandes aportantes en el Partido Republicano y en el Demócrata, por lo que cuentan con una desmedida, capacidad de lobby.

Por último, la Casa Blanca presiona a la Argentina en favor de empresas que ganaron juicios en el Ciadi, tribunal dependiente del Banco Mundial, y busca que el país pague 300 millones de dólares a las empresas Azurix (exproveedora de servicios de agua y cloacas en Buenos Aires) y Blueridge (fondo de inversión que compró a la empresa CMS, accionista de una transportadora de gas que operaba
en el país en la época de la convertibilidad).

A pesar de que las dos compañías incumplieron sus contratos tras la crisis de 2001, dejando a miles de familias sin
servicios básicos esenciales, lograron a través de este tipo de “tribunales” indemnizaciones multimillonarias. Argentina todavía no siguió los pasos de Bolivia y Venezuela, que ya abandonaron este organismo funcional al gran capital transnacional.

La profundización de la crisis mundial probablemente incremente las tensiones en América, en un contexto en que la hegemonía estadounidense es cada vez más desafiada por la ascendente China y por la influencia del eje bolivariano, reforzado a partir del reciente triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela y la probable reelección de Rafael Correa en Ecuador, a principios de 2013.

En el caso de Argentina, persisten dos tendencias contradictorias, una busca profundizar el vínculo con Estados Unidos y otra enfatizar la necesidad de una prudente distancia. Los primeros, por ejemplo, pretenden que poderosas petroleras estadounidenses, como Chevron y Exxon Mobil, que nacieron de la Standard Oil Company de los Rockefeller, sean seducidas para ingresar en el negocio hidrocarburífero argentino, que ya no es controlado por la española Repsol.

Desde nuestra perspectiva, la solución a los diferendos aquí reseñados (pujas comerciales, demandas ante el Ciadi y fondos buitre), no tiene que buscarse en el ámbito bilateral, en el que Argentina lleva las de perder, sino plantearse como problemas conjuntos de América Latina.

Es preciso abocarse a la construcción de un vínculo con Estados Unidos basado en una perspectiva latinoamericana y autónoma. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en este sentido, podrían constituirse en una herramienta útil. Pero estos proyectos latinoamericanos no pueden prosperar, en un sentido independiente y antiimperialista, si no afirman las soberanías nacionales sobre sus recursos y decisiones, apuntando a superar la lógica capitalista.

*Es Doctor en Historia y Magister en Historia Económica. Docente de la Universidad de Buenos Aires. Articulista de Página/12 y Le Monde Diplomatique.