Diego Martínez, Presidente del Directorio del Banco Central confirmó durante el enlace ciudadano 322, el traspaso de 22 mil bienes inmuebles "ociosos" del BCE a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

Según Martínez, se realizará una profunda reforma legal que permita hacer cambios a la Ley de Régimen Monetario, que entrega garantías estatales para el trabajo del sector financiero. Es decir, se modificará la norma que le obliga al BCE a que sea funcional a la banca privada.

El BCE también se encargará de la innovación de desarrollo en el sistema nacional de pagos (acceso a los sistemas de pagos de manera rápida y para todos); inclusión financiera (acceso a servicios financieros de calidad con preferencia a la economía popular y solidaria); regulación monetaria y financiera (uso eficiente de la liquidez a favor de los seres humanos); e integración financiera y monetaria regional.

"El Banco Central del Ecuador ha sido una de las instituciones más duras de cambiar y la que más problemas nos ha ocasionado. En la década de los 90 se declaró autónoma, ya no los controlaban los gobiernos, solo el Fondo Monetario Internacional (FMI)", acotó el Primer Mandatario, Rafael Correa.

El Jefe de Estado señaló que esas atribuciones y dependencias empezaron a cambiar en 2008, con la aprobación de la Constitución de Montecristi. "Ahora el BCE depende de un Gobierno con legitimidad democrática. Ya no tenemos burocracia por encima del bien y del mal".

Correa también indicó que, antes de las tareas de transformación del BCE, la liquidez del Ecuador se encontraba en el extranjero, con un 57% en el exterior y un 43% en el país. No obstante en la actualidad, el 24% de la liquidez ecuatoriana está en otros países y el 76% ha retornado a la nación.

Transferencia de bienes Inmobiliar

Diego Martínez informó que 22 mil bienes inmuebles del BCE serán traspasados, en su totalidad, a Inmobiliar. Los que sean útiles podrán servir para el sector público y el resto será subastado. "No más bienes inmuebles sin ser productivos", acotó.

En este contexto, el Primer Mandatario señaló que Ecuador debe tener una ley para que si existe un bien en disputa se lo pueda rematar, a priori la definición de un juicio. Por ejemplo: en el caso de un juicio por narcotráfico, el Estado podría tomar el bien en conflicto. Si se pierde el juicio, el Estado paga el predio con intereses, pero no se permitirá la putrefacción de bienes.

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