Veintiséis años ha laborado  como costurera. Trabaja con una endeble máquina marca Singer, negra, un poco oxidada, pero con una puntada perfecta -como afirma su propietaria-. La aventura de ser una microempresaria  en la década del ochenta logró sacar adelante a su familia, formada por cinco hijos. La separación de su esposo causó un impacto económico fuerte, trató de obtener un crédito de varias formas; luego, de conseguir laborar formalmente..., nada de eso funcionó. Al final, con tenacidad avanzó  y su capacidad permitió encabezar el grupo de “Mujeres Emprendedoras” de la Cedoc (Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas).

Se trata de Patricia Cervantes Amaiquema, quien el pasado 10 de mayo, junto con sus compañeras del Cedoc, celebró con algarabía la aprobación de la ley orgánica “Economía Popular y Solidaria”, que pretende crear políticas de fomento para los sectores productivos comunitarios, asociativos, cooperativistas y unidades económicas populares (emprendimientos unipersonales, comerciantes minoristas, cooperativistas y artesanos).  

A sus 46 años dice que está lista para el reto de formalizar su actividad y espera que se expida el reglamento para que la suya sea una de las primeras asociaciones que se inscriban en el nuevo Instituto Nacional de Economía Popular, ente que  se creará en las próximas semanas a propósito del nuevo marco legal. Su esperanza está centrada en la capacitación, transferencia de tecnología y, sobre todo, en la canalización de préstamos para adquirir la materia prima.

En el año 2008, el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), luego de observar la necesidad de  un marco regulatorio que impulse y desarrolle actividades de emprendedores y grupos asociativos, decidió crear una ley orgánica para este sector, cuyo proyecto fue entregado el 17 de marzo del presente año al Primer Mandatario. El 13 de abril la Presidencia de la República lo remitió a la Asamblea para su debate, análisis y aprobación.

La ministra del MIES, Ximena Ponce, sostiene que en el país existen 1.800 cooperativas de ahorro y crédito, 1.198 entidades asociativas o solidarias, 15.000 bancos comunales y 3.000 cajas de ahorro, lo que demuestra el campo de gestión que abarca la nueva ley.

La subsecretaria regional del MIES, Peggy Ricaurte Ulloa, reitera que la ley crea organismos como el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, la Junta Reguladora de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Corporación Nacional de Finanzas de Economía Popular.

Existe la política de Estado de que ahora los pequeños proveedores puedan  acceder al portal de compras públicas y ser ellos quienes oferten y vendan sus productos. Los beneficiarios solo deben registrarse y a partir de ahí tienen un sistema de políticas que permitirá su desarrollo con sustentación en el largo plazo. Esta acción permitirá que las familias tengan más ingresos, explica.

Vieja aspiración

El comerciante informal John Bajaña  sostiene que esta ley es un anhelo antiguo del sector autónomo mal llamado antes informal. En el 2009 se discutía la Ley del Comerciante Minorista, pero ahora está dentro de la nueva normativa.

“Sin capacitación, sin formación los trabajadores autónomos no pueden hacer nada. Es menester que la ley siga este camino que permite optimizar los recursos de  los trabajadores autónomos”, anota.

Similar criterio sostiene Xavier Díaz, quien aspira no solo a comercializar los productos naturales que expende, sino crear un laboratorio y producir estos artículos. Para este fin tiene un plan que espera presentar al Instituto Nacional de Economía Solidaria.