La ‘novela’ de los funcionarios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) investigados bajo la presunción de lavado de activos abre un nuevo capítulo: los pedidos de revocatoria de la prisión preventiva para Vinicio L. y el desbloqueo de cuentas bancarias para Luis Ch. Estos se realizarán desde las 09:00 de hoy, en audiencia pública oral, en la Unidad Judicial Penal de Quito.

Estos recursos fueron solicitados por  uno de los abogados defensores de los mencionados, Juan Carlos Machuca, quien hace uso del derecho de los indagados de recurrir a estas medidas. No se confirmó si el tercer implicado, Francisco A., realizará alguna solicitud.

La jueza Ana Lucía Cevallos, asignada para la audiencia, tras escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía, resolverá si acoge o no estos recursos, o cambia las medidas cautelares.  

Desde el 4 de diciembre pasado, Luis Ch., presidente suspendido de la FEF; Vinicio L., jefe de logística de dicha entidad, y Francisco A., secretario de la misma, cumplen prisión preventiva de 90 días mientras se efectúa la instrucción fiscal. Luis Ch. y Francisco A., por ser personas de la tercera edad, guardan arresto domiciliario, mientras Vinicio L. permanece en la cárcel 4 de Quito.

La instrucción fiscal culminará el próximo 4 de marzo, pero podría alargarse 30 días si es que existen más vinculaciones (otras personas involucradas para la investigación). De no haberlas, el siguiente paso será la audiencia de dictamen y preparatoria de juicio.     

Como en la instrucción fiscal se profundiza la investigación y se definen las pruebas a presentar, dependerá de la contundencia de estas si los implicados son o no llamados a juicio.

Ramiro García, especialista en Derecho Penal con 20 años de experiencia, considera que la revocatoria de la prisión preventiva o el cambio de medidas sustitutivas para Vinicio L. dependerán de los criterios que están usando los magistrados para dictar la prisión preventiva.

Entiende que en el caso de los funcionarios de la FEF investigados hay un requerimiento de la Fiscalía de los Estados Unidos para que acudan a comparecer en ese país, tal como se hizo con los directivos de las otras federaciones filiales a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).   

Con este antecedente, no comprende la estrategia de los abogados de Vinicio L., porque de serle levantada la prisión preventiva, la justicia estadounidense insistirá en que comparezca allá, decisión potestativa de él, pues de acuerdo a la Constitución ecuatoriana no existe la posibilidad de extradición. “Si acude, muy probablemente, como ha sucedido con otros dirigentes sudamericanos, lo encarcelarán”, detalla.

Lo que no se puede determinar es, si es que los 3 son enjuiciados en el país, cuáles son los cargos de los que se les acusaría. “Habría que ver si es por las mismas razones por las que les investiga la justicia estadounidense o por otras. Si no son las que está procesando la justicia de Estados Unidos, quiere decir que el proceso en esa nación subsistiría”, reflexiona.

Este análisis se deriva de que, conforme transcurre la investigación, aparecen temas que nada tienen que ver con el ‘FIFAGate’, sino más bien se trata de irregularidades inherentes a sus funciones dentro de la FEF, tal como lo ha informado la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En estas irregularidades, incluso se hace notar la participación de otros funcionarios de la FEF.

“En todos los casos la prisión preventiva debería ser excepcional; sin embargo, vemos que por delitos menores se la utiliza casi con generalidad. Sería una paradoja que en este caso, en el que existen tantos indicios en contra, se admita la sustitución de la prisión preventiva para Vinicio L.”, evalúa.

En torno al arresto domiciliario en el que se amparan Luis Ch. y Francisco A., lo califica como legítimo, porque como personas de la tercera edad tienen pleno derecho a ella. Lo malo sería conocer casos de ancianos que cumplan prisión preventiva en algún centro de rehabilitación; esto demostraría un trato selectivo del sistema penal.

Primera denuncia

Francisco Zambrano, presidente del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos (Cedhus), mostró su inconformidad por la lentitud, según dice, con la que se ha tramitado la denuncia que presentó en junio último en contra de Luis Ch. por enriquecimiento ilícito.

El citado presentó la denuncia basado en la trascendencia mundial que a finales de mayo tuvo la detención de un grupo de directivos de la FIFA por actos de corrupción, soborno y asociación ilícita. Ante la Fiscalía del Guayas solicitó que el titular de la FEF sea indagado y se determine si tiene o no grado de responsabilidad en el caso.

Aunque la sede de la FEF está en Guayaquil, el caso pasó a la Fiscalía de Pichincha por residir Luis Ch. en Quito. Pese a sugerir que se indague a los representantes de la empresa Full Play, con oficinas en Quito, y a otras 2 empresas con domicilio en Ecuador, que al igual que la mencionada tendrían vinculación con Hugo y Mariano Jinkis, procesados por la justicia de los Estados Unidos, Zambrano no conoce sobre estas diligencias.

La FEF decidió rescindir el contrato con Full Play, que durante 17 años manejó los derechos de televisión de la Selección Nacional. (I)