La invalidez del título de doctora en derecho de Lucía Vallecilla podría provocar la nulidad del proceso por presunto lavado de activos que se les sigue a Luis Ch., Francisco A. y Vinicio L., presidente, secretario y director de logística de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en ese orden. “Deberían quedar libres inmediatamente porque la ley es muy clara y volveríamos a foja cero”, señaló el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, el viernes pasado. El escenario de anular el trámite se basaría en invalidar las acciones de Vallecilla por ejercer una profesión en forma ilegal. Esto podría dejar sin efecto la prisión preventiva que cumple Vinicio L. y el arresto domiciliario que, por ser de la tercera edad, se les concedió a Luis Ch. y Francisco A. Además, se desbloquearían sus cuentas bancarias, congeladas para las indagaciones pertinentes.

Stalin López, especialista en derecho penal, coincide con la tesis de la revocación, pues que una persona haya comparecido en calidad de abogada, sin serlo, vicia de nulidad toda la audiencia. Porque a los imputados -al no ser representados por un defensor legítimo- se les estaría conculcando sus derechos.

La nulidad no implica la declaración de inocencia de los investigados, pero quedan inexistentes los actos en los que intervino la persona que ejerció una función sin estar acreditada para aquello. Por lo tanto, tendría que hacerse una nueva formulación de cargos, añade el jurisconsulto, y disponer las mismas medidas cautelares que se ordenaron en la formulación de cargos en los que Vallecilla representó a los procesados. Esta vez, obviamente, con un defensor calificado.

Y si bien a la abogada se le respetará, como no puede ser de otra manera, su derecho a defenderse en un proceso independiente, según López, no es necesario esperar que un magistrado dictamine la invalidez de su título y los otros efectos judiciales que se deriven de su conducta, basta contar con el pronunciamiento del organismo competente: la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

La Senescyt afirmó que el título de Vallecilla no goza de legalidad, e incluso existe una notificación del Consejo de Educación Superior (CES), emitida en julio de 2013, donde se le indica que su título no está registrado.

López enfatiza que no es necesario caer en un asunto de prejudicialidad, o sea que el tribunal dé un determinado orden jurisdiccional no pueda enjuiciar y resolver el objeto procesal que conoce, sin remediar antes una determinada cuestión jurídica (el ejercicio de una profesión de manera ilegal). “Es menester declarar la nulidad del proceso inmediatamente para que no siga avanzando el tiempo. Las diligencias de la Unidad de Antilavado de Activos no pierden validez, solo las actuaciones de la doctora”, indicó el especialista.

Juan Carlos Machuca, abogado de Luis Ch. y Vinicio L., prefirió no pronunciarse sobre la probabilidad de nulidad del proceso. Contrariamente a lo aseverado el martes, cuando dijo que contaría con la ayuda de Raúl Rodríguez, comunicó que se mantendrá solo en la defensa. (I)