Emitida la sentencia escrita -el pasado lunes- por parte del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, la defensa de Luis Ch., expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), aspira a presentar hoy la apelación del veredicto en la Corte Provincial de Pichincha. De acuerdo a  la condena, Luis Ch. debe pagar 10 años de cárcel y $ 5 millones por cometer el delito de lavado de activos.

El 18 de noviembre, de manera oral, los magistrados encontraron culpable al exdirectivo en condición de coautor de blanqueo de capitales en la FEF; la investigación la llevó adelante la agente fiscal Diana Salazar, que averiguó lo movimientos financieros de la entidad en el período 2010-2015.

Dentro del caso también fueron imputados y condenados Hugo M., extesorero de la matriz del balompié nacional, y Pedro V., excontador. A Hugo M. también se lo encontró coautor y, por tanto, se le impuso un castigo similar al de Chiriboga, mientras a Pedro V. se lo halló cómplice, dictaminándole reclusión por 3 años y 4 meses, y cancelar una multa de $ 2,2 millones.

Según las conclusiones de la indagación, los tres procesados permitieron que a través del sistema contable de la FEF ingresaran $ 6’119.565, de los cuales $ 2’149.228 provendrían de transferencias sin soportes, pero registradas bajo el concepto de donaciones procedentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En tanto, $ 3’970.337 se habrían ‘limpiado’ mediante contratos para el mercadeo de los campeonatos de fútbol, ya que no existen comprobantes de venta que los respalden; dicha cifra sería parte de un total superior a los $ 17 millones.

Mauricio Garrido, parte del equipo de abogados de Luis Ch., mencionó que mientras no exista sentencia ejecutoriada, su cliente, así como los otros acusados, mantendrán la presunción de inocencia. Prefirió no dar detalles sobre la estrategia que aplicarán.

La fiscal Diana Salazar se hallaba con permiso médico, por lo que ayer resultó imposible confirmar si optará por apelar el dictamen. Cabe recordar que el Ministerio Público pidió la pena máxima para Luis Ch., que es de 13 años de privación de la libertad, más un tercio, es decir, un total de 17 años; no obstante, el Tribunal Penal indicó una condena menor y ordenó investigar al resto de miembros del directorio de la FEF que colaboró con el extitular.

En lo que respecta al pago de las multas, que sumarían el doble del monto usufructuado por el delito, con la finalidad de asegurar el pago, en el fallo se dispone a los Registradores de la Propiedad de Quito, Guayaquil, Esmeraldas y Atacames la prohibición de que los sentenciados enajenen (vendan o transfieran) sus bienes.

Además, instruyó a la Superintendencia de Bancos para que comunique a las entidades del sistema financiero la retención de depósitos en las cuentas de los imputados. Asimismo, se concretó el comiso de los bienes muebles e inmuebles que estos ciudadanos adquirieron entre 2010 y 2015.

Una fuente que prefirió mantenerse en reserva, citó que Luis Ch. se encuentra bien, con salud estable, pero mientras las medidas cautelares se mantengan él y su familia no recuperarán la tranquilidad. El empresario riobambeño cumple arresto domiciliario desde el 5 de diciembre de 2015, es decir, casi 15 meses, tiempo que le será descontado si llega a ejecutarse la condena que se le impuso; la cual la sobrellevará en un centro de rehabilitación social. (I)