Las disputas legales no son nuevas para Luis Ch., presidente suspendido de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Sus diferencias con otros directivos nacionales se han procesado a través del reglamento de la FEF y en algunos casos con el sistema judicial del país; ganando siempre en el primer ámbito, pero sin éxito en el segundo.

Su primer lío con la ley externa es el juicio por calumnias que perdió con su predecesor en el cargo, Galo Roggiero (+), quien lo denunció penalmente en 1998, cuando Luis Ch. afirmó que en la administración del expresidente existieron malos manejos económicos.

Roggiero le ganó la demanda, por lo que el denunciado tuvo que pagar $ 80.000; este desembolso lo hizo con fondos de la FEF, pese a que la querella era a título personal. Tras este capítulo, declaró persona no grata a Roggiero.

Otros pleitos judiciales se dieron con Eduardo Granizo, expresidente del Olmedo, a quien demandó por injurias, y fue denunciado por una supuesta falsificación de firmas en la comisión de árbitros. Estos enfrentamientos nacieron en 2009, pero la primera conclusión se dio en 2011, cuando se absolvió a Granizo del delito de injurias calumniosas.

Actualmente existe un proceso por la denuncia de Luis Ch. a Rodrigo Paz, presidente vitalicio de Liga de Quito, que inició en 2014. El titular de la FEF acusa a Paz de haberle dicho ladrón, luego de dar declaraciones en varios medios. Carlos Arroyo, presidente de la ‘U’, señaló que el proceso no ha avanzado y no cree que en este momento sea una prioridad para Luis Ch.

Añadió que otra instancia de los enfrentamientos entre Luis Ch. y Paz son los pedidos de Liga de Quito de información sobre cómo se manejaron los viáticos en el Mundial de Brasil, si recibe una mensualidad de $10.000 de Conmebol y si aceptó un reloj valorado en $26.600 de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Las respuestas a este requerimiento, según Arroyo, se brindaron parcialmente; aunque espera conocerlas mediante las averiguaciones que le hace la Fiscalía nacional o con la investigación que aplica a directivos del fútbol mundial la Fiscalía de los EE.UU. por el escándalo conocido como FIFA Gate.

En torno a la versión que el 29 de este mes rendirá para la justicia local Eugenio Figueredo, extitular de la Conmebol y exvicepresidente de la FIFA, Jaime Estrada, expresidente del Manta, quien fue suspendido un año por diferencias con Luis Ch., cree que todo elemento que aporte a las investigaciones es bienvenido. A su criterio, la indagación que se sigue a Luis Ch. ha perjudicado la imagen de la FEF, pero, como se acordó en el último congreso, se esperarán los resultados del proceso que sigue la Fiscalía.

Al ser consultado si existe cierto paralelismo entre lo ocurrido en el fútbol uruguayo y el ecuatoriano, respecto a las expresiones de Figueredo, quien reconoció que la Conmebol amenazaba con sanciones a directivos y a clubes que se oponían a sus decisiones, Kirie Bravo, titular del club Sandino, indicó que no podría establecer esas semejanzas.

“Lo que puedo decir es que sentí el peso del poder que ejercía Luis Ch. Al ser suspendidos yo y el club por 60 días sufrimos un grave perjuicio económico, entre otras cosas, por no contar con auspicios”, dijo.

Durante el congreso de 2015 Bravo interpuso un recurso de amparo e impidió las elecciones. A través de esta acción cuestionó si los clubes cumplían los requisitos que manda la Ley del Deporte. Frente a su actuación, la FIFA amenazó suspender a la FEF por intromisión del Estado en los asuntos internos. (I)

Diligencias de Vallecilla podrían ser validadas

Luego de que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) afirmará el pasado viernes que el título de doctora en derecho de Lucía Vallecilla carecía de legalidad, queda en potestad de los jueces determinar la validez de sus actuaciones en los procesos judiciales en los que participó, entre ellos el ser una de las abogadas que defiende a Luis Ch. y Vinicio L., funcionarios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), por los cargos de presunto lavado de activos.

Vallecilla actuó en la defensa de Luis Ch. desde que a inicios de junio de 2015 este solicitó a la Fiscalía General del Estado practique asistencia penal internacional con la justicia de los Estados Unidos. También acompañó a Luis Ch. y Vinicio L. en las declaraciones que rindieron en la Unidad de Flagrancias de Pichincha el pasado 4 de diciembre, a raíz de que la Fiscalía comunicó que serían indagados.

Vallecilla no podrá seguir en el caso y tendrá que responder por sus actuaciones, en las que habría ejercido como jurisconsulta sin tener el título.

Ramiro García, especialista en Derecho Penal, manifestó que la competencia de inhabilitar a Vallecilla como jurista le corresponde al Consejo de la Judicatura. Considera que sería inviable anular los procesos judiciales en los que ella actuó y en el caso de los funcionarios de la FEF se debería establecer 2 escenarios: antes de que se revele que no tiene título, y después.

Ya que mientras esto no se sabía, todos, jueces, fiscales y clientes de la ciudadana, consideraron su actuación de buena fe, por lo que los imputados sí contaron con una defensora. Ahora, que su título está en duda, tendría que defenderse del cargo de ejercer una profesión en forma ilegal. (I)