Si Pedro V. y Hugo M. se suman a la lista de procesados por el caso Ecuafútbol la instrucción fiscal se extendería otros 30 días. Es decir, la audiencia de dictamen para conocer si la Fiscalía acusará por lavado de activos a Luis Ch., Vinicio L. y Francisco A. podría celebrarse empezado el mes de abril.

El lunes, el contador y el tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol fueron llamados por la Unidad Antilavado de la Fiscalía a una audiencia de vinculación para mañana, a las 09:00. Esta iniciativa de la fiscal Diana Salazar se da a menos de una semana de que los domicilios en Guayaquil de ambos funcionarios fueran allanados y se decomisaran documentos de la entidad.

Luego de  la requisa del 22 de febrero, el juez Aquiles Dávila (Unidad de Garantías Penales) dispuso que se notifique a  Pedro V. y Hugo M. para que comparecieran en audiencia. El oficio llegó a manos de los administrativos el último lunes. Ese mismo día la Unidad Antilavado tomó la versión del seleccionado Antonio Valencia por videoconferencia a las 16:30 (hora de Reino Unido), según confirmó a EL TELÉGRAFO una fuente de la Fiscalía General del Estado.

Los funcionarios de la Ecuafútbol entraron en la órbita del caso por estar a cargo del movimiento financiero de la entidad, y en el caso de Pedro V. también por llevar las cuentas personales del presidente suspendido. Además, el informe de la Unidad de Análisis Financiero los deja en medio de una supuesta triangulación irregular de dinero de la institución.

En tanto que Valencia aparece en el plano de la investigación tras una declaración que hizo a través de Twitter. “Que lo investiguen a él (refiriéndose a Luis Ch.), que está más sucio que una papa”, dijo en junio del año pasado el jugador amazónico. Esta declaración que el extremo derecho de la selección borró de su cuenta -pero que antes fue capturada y reproducida- habría despertado el interés de la Fiscalía y de allí su llamado a rendir versión.

“Una estrategia”

Raúl Rodríguez, defensor de Pedro V. y Hugo M., aseveró que “no existen indicios claros de la participación de sus representados en el delito que se investiga”. “Los documentos físicos y electrónicos que se han decomisado son parte del trabajo de mis defendidos, no prueban nada, cualquiera puede llevar trabajo a su casa”.

El abogado considera que “ese intento de vinculación es una estrategia para ganar tiempo”, pues la Fiscalía no tiene hasta ahora un argumento sólido para inculpar a los otros tres procesados. (I)