El encargado de los archivos de la Comunidad Autónoma de Cataluña (subdirector de archivos de la Generalitat de esa región española) suele decir a quienes instruye que “la archivística es la única profesión en que el día que tomas posesión hay 500 años de trabajo que te están esperando”. Una frase que los ayuda a dimensionar los alcances temporales de su trabajo.

En marzo de este año, Ramón Alberch visitó, durante 2 horas y media, la prisión más antigua del país, el ex-Penal García Moreno, un año después de que sus ocupantes fueran trasladados al Centro de Rehabilitación Social Regional de Cotopaxi.

El equipo de investigación que entonces filmaba el documental El Panóptico Ciego (Mateo Herrera, 2015) en ese lugar, había decidido invertir parte del presupuesto de la producción de su película en el ordenamiento de los documentos que hallaron en el mirador de la cárcel, “en una especie de azotea” que contenía los diarios de los privados de libertad y una suerte de bitácora oficial de la prisión.

Usted lo recuerda como una “visita aleccionadora”...

Es que más allá de la noticia emotiva y sensacionalista de haber hallado un documento en que una mujer le escribía a su marido encarcelado que le esperaría toda la vida, había un tema de política archivística.

Mi intención fue mostrar la congruencia entre organizar los archivos y la capacidad de explotarlos informativamente, con investigación seria, generando conocimiento. Dos caras de la misma moneda, de la archivística.

Recomendé que esta información se pasara, en lo posible, al Archivo Nacional o al Ministerio de Justicia porque estaba allí, arrumada en un rincón, atada en sacos negros, con humedad que requerían una acción rápida, en el sentido también de que era sobre Derechos Humanos (DD.HH.), trataba de presos que habían estado encerrados mucho tiempo allí, más de un siglo, sus historias de vida, vivencias y toda la problemática de una cárcel.

En el libro Archivos y Derechos Humanos (Siglo XXI, 2008) usted explica dos casos similares...

Se halló un archivo del Plan Cóndor en Asunción (Paraguay), el cual tiene mucho interés, por el hecho de ser el que integra la documentación de las dictaduras militares en América Latina bajo el auspicio, digamos, norteamericano.

Por idea de (Manuel) Contreras, que era el Jefe de la Policía Latina-chilena, se creó el operativo que era la coordinación de las policías políticas y secretas de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia.

Se transferían información entre ellos y ‘desaparecían’ personas de un país a otro, dejando un archivo. Era una labor represiva brutal que quedó documentada en un archivo abandonado en un suburbio de Asunción y en 1992, 3 años después de la caída de la dictadura de (Alfredo) Stroessner, por un chivatazo (delación, filtración) de un policía que había trabajado allí, se permitió descubrir este archivo que ahora está organizado; gracias a su información ha ido a la cárcel el expresidente de Uruguay Juan Bordaberry (fallecido en 2011) y mucha otra gente porque ya hay las pruebas de los abusos del poder.

El caso de la Policía Nacional de Guatemala es diferente. Es un archivo de 8 kilómetros de documentos. La policía, que también ejercía operaciones de represión, cambió de local, y en los interiores del predio antiguo dejó esa cantidad de archivos.

En 2 años de haberlos abandonado, el Procurador de Derechos Humanos, en una visita bajo sospechas, levantó acta de la existencia de estos documentos, conocidos como el Archivo Histórico de la Policía Nacional, se expropió y dio orden de que se organizara, donde se han podido documentar todas las atrocidades de la represión desde los años 40, 50 hasta este siglo.

¿Ambos se convirtieron en archivos simbólicos?

Sí, porque eran archivos que estaban como desaparecidos del mapa y su aparición ha generado juicios y fin de impunidades históricas de personas que habían podido campar a sus aires, sin problema, ante la falta de pruebas.

Dibuja esta visión doble de los archivos: un instrumento jurídico legal para sostener políticas de reparación, de hacer justicia y la parte de investigación histórica retrospectiva, que son los 2 lados de la balanza de un archivo así.

Aquí hay un fenómeno muy común en todo el ámbito de los Derechos humanos: represores, sean militares o policías, que no dan ningún valor al archivo, con lo cual están cavando su propia tumba porque allí está la información que les acusa de delitos; o, en cambio, el extremo contrario: gente que tiene muy claro que el archivo es un instrumento jurídico que les puede llevar a un tribunal, entonces se preocupan mucho de destruir esta información con la excusa de que ha pasado tiempo y que son temas ya superados. Aparentado haberlo hecho sin ninguna intención aviesa, sencillamente atribuyendo su destrucción a una supuesta falta de utilidad.

En el fondo de las destrucciones de archivos siempre hay lo mismo, una intencionalidad política y buena parte de estas no son producto de una casualidad. Hay incendios que son claramente provocados y hay políticas claramente planificadas para garantizar la impunidad. (Augusto) Pinochet (1915-2006), por ejemplo, se murió sin ser juzgado y el hombre tenía un currículum extraordinario.

¿Por qué subsiste la deuda social de España frente al tema de los regímenes que vulneraron derechos de sus ciudadanos?

Son leyes de olvido, a través de las cuales los gobernantes creen que pueden pactar el final de un conflicto porque lo han decidido los gobiernos legítimos, aunque el ciudadano, muchas veces, no acepta ese final.

En España, después de la Guerra Civil (1936-1939), decían no hablemos de este tema porque levanta tensiones. A partir del año 1975, cuando acabó la dictadura de (Francisco) Franco, hasta el año 2005 prevaleció la idea de transición política ejemplar ante el silencio y el olvido. Hace 10 años, con la ley de memoria histórica, volvió a aparecer el problema y ahora el tema es álgido. Desde la Guerra Civil han pasado 75 años y el tema sigue candente.

El camino de olvidar porque el olvido es terapéutico y "no nos vamos a enfrentar entre hermanos" es un gravísimo error. La de España es una transición de impunidad, fundada bajo el silencio, en cambio, en Argentina han sido más valientes, han resuelto una parte del problema juzgando a muchísimos de los militares que violaron Derechos Humanos.

La política de "no revisemos el pasado porque genera tensiones" es mucho peor que la de "pasemos cuentas, resolvamos el pasado, si alguien tiene que ir a la cárcel, que vaya".

¿Qué ocurre entonces con los archivos que documentan estos conflictos en España?

En eso es un país muy poco ejemplar, no puede dar lecciones a nadie. Lo ha hecho mucho mejor Argentina, Uruguay, Brasil mientras que en España los archivos militares son aún, y por desgracia, un coto. La ley te ampara en su acceso, sí, pero yo, personalmente, he ido a un archivo militar y su falta de organización deviene obstáculo insalvable. Te piden números de expedientes sin tener guías, inventarios ni catálogos. Por tanto, entras en un círculo vicioso, en el que no puedes ir a un fichero y ver qué pides. La falta de organización de un archivo es un aliado de las políticas de opacidad y de falta de transparencia.

Como en España no le ha interesado, ni a la derecha ni a la izquierda, resolver el contencioso de la Guerra Civil porque todos coinciden en "hacer un análisis pasivo", los militares siguen teniendo los archivos militares como un espacio de su control absoluto, al que nunca podremos acceder mientras no haya un cambio legislativo y de mentalidad.

La guerra terminó en el 39, más el sentido duro de la dictadura, su represión, asesinatos premeditados y juicios con todas las faltas de garantías, acabaron en 1954, son 60 años en que no se ha hecho absolutamente nada.

Tampoco es que haya interés de la Corona española en esclarecer esos hechos...

Para nada. El discurso de los reyes ha sido totalmente gregario y subordinado al de los 2 grandes partidos españoles (el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español), que siempre han enfocado el tema de la Guerra Civil como un tema desgraciado, "una lucha fraterna y que lo mejor es olvidarlo porque remover el pasado no lleva más que a problemas" y se han quedado en esa visión simplificadora que ha generado grandes dosis de impunidad.

Ahora ya no podríamos juzgar a nadie de la dictadura porque están todos muertos, el último implicado, Manuel Fraga, se murió hace 3 años.

Sin embargo, se pueden hacer políticas reparadoras, enseñarles a los jóvenes que las guerras no resuelven nada, extraer lecciones positivas con investigación en cada pueblo.

Usted fue consultor del Plan Director del Sistema Nacional de Archivos que se pondrá en marcha en Ecuador, ¿qué espacio ocupan allí los archivos de DD.HH.?

Una de las 37 acciones del Plan tiene que ver con su recuperación porque creemos que en cualquier política reparadora del gobierno (moral, económica, jurídico-legal en la época y contexto que sea), el archivo o documento es un testimonio de importancia primordial. Generalmente, una labor previa a todo esto es su recuperación. Por mucho que haya habido una política de destrucción sistemática, planificada, siempre quedan documentos en sectores determinados, en lugares de la administración que los creó, en unos locales abandonados... siempre quedan lugares con información en los que por desconocimiento y mal manejo hay que recuperarlos, organizarlos y que el gobierno legítimamente elegido diga si solo servirán para la recuperación de la memoria histórica, de forma pedagógica, ejemplarizante, o si esto será llevado a juicio. (I)

Documentación del expenal García Moreno podría dar cuenta de la historia de los DD.HH. en el Ecuador

Los Archivos Represivos surgen cuando los gobiernos generan instrumentos de represión y documentan sus acciones sin pensar que luego pueden servir para enjuiciarlos. Por esto, muchos se destruyen.

En Argentina, la derogada Ley de Punto Final y Obediencia de Vida liberaba de culpa a los mandos medios que ejecutaban los operativos violatorios de DD.HH. y se perdía en la inmunidad de las cúpulas militares. Algo similar a lo que pasa en España, con la Transición Política Ejemplar, según Alberch.

En Chile la impunidad sobre quienes participaron en la dictadura del fallecido Augusto Pinochet se extendió porque luego de dejar el mandato continuó siendo influyente en la administración pública.

‘El Panóptico Ciego’ muestra en video algunos archivos del expenal García Moreno.