Una y otra vez el pueblo exige cambios radicales en el sistema judicial. Este gobierno impulsó la consulta y hubo un pronunciamiento categórico. En consecuencia, la Asamblea hará lo suyo y el próximo Consejo de la Judicatura de Transición tendrá el rol fundamental.
El pueblo está a la espera y constata las barbaridades del sistema y las falencias de la Constitución y leyes que dan lugar a situaciones que no pueden repetirse, como las de estos días.
Recordamos con indignación que hace 9,5 meses se dio la intentona golpista. El 30-S sectores de la Policía, aupados por círculos del viejo poder, se sublevaron, lo que produjo muertos, heridos y abusos contra miles de ciudadanos que expresaban su repudio. Muchos jueces, alentados por afiebrados opositores, no encontraron culpables en actores identificados. Algunos culpaban del criminal hecho a la principal víctima, el Presidente.
Recordemos que el alto mando de las FF.AA. demoró su “pronunciamiento” y hasta lo “condicionó”. Frágil institucionalidad que deberá ajustarse.
Luego, tres jueces sancionan a algunos actores. El presidente del CNJ destituye a dos de ellos; otro juez, de nivel inferior, lo destituye; luego lo reponen, e inmediatamente lo vuelven a destituir. Todo esto muestra una vez más al sistema de cuerpo entero, en su horizonte de ineficiencia y corrupción.
En otro ámbito, otros enceguecidos apelan sin aceptar su derrota en la pasada consulta de hace 64 días. Retardan la proclamación de los resultados, demorando el proceso de cambio en el ámbito judicial y otros. Y, en otro ámbito, una jueza de la niñez y adolescencia suspende el ajuste de subsidios.
La gente está absorta por las debilidades de la institucionalidad, a pesar de los cambios. Está a la espera de la intensa tarea reformista, presta a apoyarla, enfrentando a los que ya iniciaron su labor de obstrucción y desinformación.
El pueblo reclama que los nuevos jueces y juezas, y restantes funcionarios, sean seleccionados en forma transparente, con idoneidad y probidad notorias, se ajusten con sus fallos a la ley, observen los tratados de derechos humanos, apliquen los principios de la debida diligencia, eviten el retardo, la mala fe procesal, la negligencia y generación de obstáculos y no respondan a presiones de poderosos grupos, que buscan siempre impedir que la justicia se organice para ser administrada en forma límpida, universal y eficiente; en suma, que por fin se inaugure en el Ecuador.