De acuerdo a las cifras oficiales de ONU Mujeres, en 2019 apenas el 24.3% de los escaños parlamentarios y el 20.7% de los cargos ministeriales eran ocupados por mujeres en el mundo. A pesar de que se evidencia un incremento en la participación y representación política de la mujer, en varios países de nuestra región el aumento es lento. Ecuador no es ajeno a esta realidad, 5 de 18 Ministerios y 1 de 8 Secretarías son lideradas por mujeres.
A pesar de que las legislaciones de nuestra región han registrado avances en cuanto a la participación equitativa de mujeres y hombres en procesos de elección popular, el camino para las mujeres continúa siendo sinuoso. Las normas jurídicas hacen referencia a una igualdad que, a pesar de ser un derecho humano fundamental, tiene como trasfondo un machismo estructural cuyo efecto es la desigualdad y la exclusión. Así, en el caso ecuatoriano, aunque se evidencia una mayor representación de la mujer en el legislativo, esta cifra no ha aumentado desde 2013 cuando se consiguieron 52 escaños.
¿Por qué hablamos de paridad? Es sencillo. Sin participación y representación plena de las mujeres no hay espacio posible para una democracia efectiva, plural e igualitaria. Las mujeres somos el 50% de la población. Sentirnos representadas y ocupar cargos de decisión se nos fue negado históricamente y por ello urge contar con mujeres en los diferentes espacios políticos. Pero esto involucra una corresponsabilidad de múltiples actores entre ellos los partidos y movimientos políticos y el electorado.
En el imaginario del electorado, como reflejo de nuestra cultura política, se considera que un hombre es una mejor opción electoral por el simple hecho de serlo; a pesar de que ambos géneros tienen las mismas capacidades. Las condiciones de desigualdad provocan que la participación de las mujeres en los cargos de elección popular se convierta en un verdadero reto; puesto que, en caso de ser electas deben refrendar reiteradamente sus liderazgos, mientras que para los hombres esto ni siquiera es parte de la discusión.
Aunque en Ecuador tengamos una normativa fuerte que busca que más mujeres participen en política a través del Código de la Democracia promulgado en febrero de 2020, en la práctica las mujeres deben atravesar múltiples obstáculos. La construcción de una sociedad más justa no depende exclusivamente de los arreglos institucionales o de los marcos normativos, sino de una ciudadanía empoderada de sus derechos, libertades y garantías. En las organizaciones políticas no existe un verdadero compromiso para capacitar y empoderar a las mujeres. Durante los procesos electorales muchas candidatas no cuentan con financiamiento, otras son víctimas de violencia política de género o son ubicadas en el encabezamiento de las listas en aquellas circunscripciones donde históricamente el partido o movimiento no ha ganado, entre otros.
De esta manera vemos como para las mujeres hacer política es una lucha cuesta arriba, por eso debemos como sociedad romper las estructuras patriarcales que ubican a las mujeres en un determinado un rol y exigir a los partidos y movimientos políticos agendas de género, capacitación de las mujeres, condiciones de igualdad y compromiso para conseguir esta participación y representación paritaria que tanto bien le hace a nuestra democracia.