Como ciudadano tengo derecho a la réplica. Tengo derecho a responder a una opinión vertida en mi contra, y que esta opinión sea publicada en la misma medida en que fue publicada aquella que yo siento me ha agraviado. En la misma medida, porque de nada sirve encontrar mi réplica refundida en alguna sección olvidada de las últimas páginas del periódico, cuando la opinión que me ha afectado ocupó las primicias notablemente más visibles. Y sigue siendo un consuelo, más que un derecho. En el complejo mundo de los medios de comunicación, nada es más válido que eso de “él que pega primero pega dos veces”. Entonces confiamos en la ética del periodista, y que todo comentario y crítica viene fundado y debidamente investigado.
Es la libertad de expresión. La libertad de verter nuestra opinión abierta y, cuando es posible, audazmente. Calificar al Presidente de “dictador”, o al régimen de “dictatorial”, es, a mi modo de ver, una opinión fuerte, pero una opinión al fin. Es un comentario ampliamente debatible y que muchas veces cae por la superficialidad misma que conllevan los epítetos disfrazados de ironía. El periodista también está expuesto a recibir una réplica que no sea de su agrado. Mi derecho a la réplica me permite hacerlo. Pero, una vez más, resulta un consuelo.
Cuando las famosas bailarinas del 28 de Mayo fueron condenadas públicamente por bailar en privado, se acordaron de escuchar su versión algunos días después. ¿Fue escuchada? ¿Quién sabe? Pero los medios ya las habían juzgado. Ya habían, desde su libertad de expresarse, adjetivado de manera contundente lo que ellos consideraban una inmoralidad. Tanto así que fueron expulsadas, suspendidas y ¿apedreadas? por la rectora del establecimiento. Algo bordeando lo ilegal por un lado y que pensé se había superado cuando dejaron de expulsar a las estudiantes que quedaban embarazadas. Y con cierta doble moral, cuando aquello que ellos tanto condenaron fue tan ampliamente mediatizado.
Entonces, en el amplio ejercicio de su libertad de expresión, condenaron a las estudiantes. Las dejaron en indefensión frente su colegio. Este poder poco democrático (desde su estructura hasta su accionar) fue juez y acusador, una especie de inquisidor. Lo mismo que sucede cuando se acusa a algún funcionario público de corrupción (cuando no hay más pruebas que el murmullo), cuando se condena a un ciudadano por faltar a la moral (a la moral de ellos) o cuando se denuncia a un Presidente por crímenes de lesa humanidad. Se los deja en indefensión frente a la opinión pública, opinión que también suele ser integrada por jueces.