Algunos desafíos pendientes tenemos como Estado, mientras unos países avanzan de acuerdo con las circunstancias, al parecer nuestros países tiene algunas tareas que son tan necesarias tratarlas. Hay que incluirse en el escenario que la propia sociedad “golpea la puerta” reclamando acciones, normativas, recursos de quienes detentan el poder del Estado en todas sus instancias representativas. Una de las urgencias es ponerse a tona con la normativa de la inclusión de la inteligencia artificial (IA), que en gran parte de América latina ya se están considerando; y que, en Ecuador, no se ha incluido en la agenda ni de pasados, actuales y futuros gobernantes.
Esto de la IA es un medio tecnológico que está transformando gran parte de los ámbitos de acción de la sociedad, como la administración, la economía, la educación, la seguridad, la salud, el trabajo. Este portentoso instrumento del procesamiento de datos también plantea desafíos de cómo enfrentarlo en términos políticos, sociales, éticos y jurídicos, como la búsqueda de equilibrios a la privacidad, a la seguridad, a la inclusión, a la igualdad. Se hace inevitable, contar con una estructura normativa inteligente que garantice el uso y el desarrollo de la IA en beneficio de la sociedad y no de los grupos, que, por sus recursos, son esas elites que están ávidos de un nuevo escenario de dominio y explotación.
Los antecedentes históricos de la IA son muy interesantes y variados, se puede constatar se originó en el siglo XIX. Pero, en el siglo XX es cuando la IA se consolidó. Los escritos apuntan que, en 1956, John McCarthy presentó el término “inteligencia artificial” durante la Conferencia de Dartmouth, donde se reunieron varios investigadores para discutir los objetivos y métodos de esta nueva ciencia. También como un hecho significativo se produce cuando en 1996, Deep Blue, una supercomputadora creada por IBM, venció al campeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov.
Estamos próximos a cumplir el primer cuarto de siglo, en este contexto, algunos países y organismos multilaterales han elaborado o están elaborando políticas públicas y principios sobre la IA. La Unión Europea en el 2021 ha sido pionera en establecer un enfoque regulatorio y de gobernanza para la IA, basado en los valores europeos y los derechos fundamentales, que tiene como objetivo crear un mercado único de la IA y fomentar la confianza y la innovación en esta tecnología. Estos principios se resumen en cuatro valores fundamentales: el respeto a la dignidad humana, la autonomía, la justicia y la democracia.
En nuestra región, la CEPAL en 2020 señala que solo cuatro países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile y México) cuentan con una estrategia o plan nacional sobre IA. Perú, en 2020, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica publicó un documento de trabajo sobre los principios éticos para la IA, que propone una guía para el diseño, desarrollo y uso de la IA en el país. Costa Rica, también hizo un interesante ejercicio de construir una normativa nacional usando Chat GTP. Vemos que varios organismos internacionales, como Naciones Unidas, la OCDE, la UNESCO, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la propia CEPAL, entre otros, han propuesto normativas, para regular estos asuntos de la IA.
Lo cierto es que, los países tienen que regular el uso de esta tecnología para que todos los individuos puedan acceder a los beneficios y también se encuentren protegidos en sus derechos. Asimismo, los Estados deben crear mecanismos nacionales e internacionales de gobernanza y supervisión de la IA. Se requiere “politizar al algoritmo” para discutir y proponer con inteligencia y sensibilidad humana, una normativa que nos coloque a la altura de las circunstancias sobre el uso necesario de la IA.