De acuerdo a la Constitución, los regímenes especiales de seguridad social para las FF.AA. y la Policía Nacional son parte del sistema de seguridad social (art. 370), el cual se guiará, entre otros, por los principios de inclusión, equidad social y solidaridad (art. 367). Los regímenes especiales se justifican por las particulares características de la fuerza pública -básicamente el tener una estructura piramidal que obliga a su personal a retirarse prematuramente-, pero es claro que, en todo lo que no sea específico a sus funciones, la seguridad social de la fuerza pública debe asimilarse al sistema general del que constitucionalmente forman parte.
Lamentablemente, durante los años noventa y ante el debilitamiento del Estado, surgieron leyes especiales que lo que hicieron fue crear sistemas de seguridad social independientes del sistema general y que, en muchas de sus disposiciones, nada tienen que ver con las particularidades de la profesión militar o policial. Los efectos de estas leyes pasaron desapercibidos mientras existían los paupérrimos sueldos y pensiones de antaño, pero sus contradicciones se han vuelto evidentes en la nueva realidad del país, donde los uniformados gozan de los mejores sueldos de la región.
Por ejemplo, las pensiones de la fuerza pública se establecen de acuerdo al último sueldo, mientras que en el sistema general se determinan de acuerdo al promedio de los cinco mejores años. ¿A qué particularidad de la profesión militar o policial obedece esta disposición? Sencillamente a ninguna. Esto genera absurdos, como el que un coronel que asciende a general y se retira al día siguiente ganará el resto de su vida una pensión de general, o el que un coronel de un día tenga la misma pensión de un coronel de varios años.
Otro problema -tal vez el más grave- es que en el sistema general las pensiones se ajustan de acuerdo a la inflación, mientras que en el sistema militar o policial se ajustan de acuerdo al sueldo del activo. Además, a diferencia del sistema general, y como debería ser en un regimen solidario, en el sistema militar o policial no existe techo para las pensiones.
Como en los últimos años los sueldos en algunos casos se han más que duplicado, ya podemos entender lo que ha pasado con las pensiones militares y policiales. Así, un general de Ejército con 36 años de servicio que en 2006 recibía una pensión de $ 2.219, hoy tiene una pensión de $ 4.892, 2,43 veces del máximo del sistema general correspondiente a un civil que aportó 40 años, y casi 6 veces mayor que la pensión más baja de los propios militares, todo lo cual está muy lejos de llamarse equidad social.
Como las jubilaciones militares y policiales son subsidiadas en forma directa en el 60% por el pueblo ecuatoriano (el subsidio total es incluso más alto, reflejado, por ejemplo, en mayores aportes del único empleador: el Estado), subsidiar con al menos $ 3.000 mensuales por aproximadamente 25 años de retiro a una persona no pobre cuesta al país cerca de $ 900.000, lo que es una injusticia que clama al cielo, si consideramos que aún dos tercios de nuestros adultos mayores no tienen ninguna clase de seguridad social.
Aunque las inconsistencias son mucho más numerosas, para controlar un poco alguno de estos problemas hemos enviado tres reformas a la Asamblea: que las pensiones militares y policiales sean en función del sueldo promedio de los cinco mejores años; que se ajusten de acuerdo con la inflación; y que tengan el mismo techo que el sistema general, congelándose las pensiones que superen dicho techo.
Estas reformas prácticamente no afectan a la tropa, que recibe pensiones por debajo del máximo civil; no afectan al ISSFA, pues claramente reducen gastos (con lo cual es un absurdo -tan solo para perder el tiempo- pedir ‘estudios actuariales’); y, sobre todo, armonizan el régimen especial de la fuerza pública con el régimen general, en aspectos que nada tienen que ver con la profesión militar o policial.
Las reformas fueron socializadas y personalmente las discutí con el Comando Conjunto y Comandante Policial. De hecho, el paquete de reformas era mayor, pero acordamos enviar a la Asamblea tan solo las referidas anteriormente.
Se dejaron de lado, por ejemplo, las reformas al sistema de cesantía, que en realidad es una indemnización por fin de carrera. En el sector civil, un funcionario público se retira con un máximo de $ 53.100 después de 40 años de trabajo. En el sector militar, el general de Ejército con 36 años de servicio se retira con más de $ 200.000, además de tener un bono de ‘desvinculación’ de casi $ 30.000, cuando sus aportes para la cesantía -sin intereses- fueron apenas de alrededor de $ 28.000.
Es decir, esta altísima cesantía es subsidiada en su mayor parte por el Estado y, escandalosamente, por los soldados que menos ganan. Así, el soldado que se retira antes de los 5 años ni siquiera recupera sus aportes personales, el que sale antes de 20 años sí recibe sus aportes, pero los correspondientes aportes del empleador no son devueltos al Estado, sino que quedan para el fondo de cesantía. Pese a todo esto, el sistema es absolutamente deficitario e insostenible en el tiempo.
Nuevamente, el sistema militar y policial de cesantía no tiene nada que ver con las especificidades de la fuerza pública, siendo un sistema absolutamente al revés de lo que indica la justicia social, ya que el Estado subsidia más a los que más ganan, y los grados inferiores sostienen la cesantía de los grados superiores.
Al igual que en el resto del sector público, la indemnización por fin de carrera debe ser financiada por el Estado y en función exclusivamente de los años trabajados y no del sueldo, es decir, iguales para tropa y oficiales, para que aunque sea en el momento del retiro se logre un poco más de equidad.
Todos somos iguales, todos comemos igual, todos tenemos derecho a vivir igual. Todos somos columna vertebral de la Patria.
Hace pocos días, en una ceremonia militar, se habló públicamente de la necesidad de socializar las reformas, lograr un ‘consenso’, y, de no ser así, archivarlas.
Las reformas no se archivarán. Sí molestan los dobles estándares, puesto que antes tan solo se informaban las reformas que decidía el Alto Mando, como cuando en 1992 se aumentó de 15 a 20 años el tiempo de retiro, y nadie habló de ‘socialización’, ‘consenso’, o, peor aún, ‘irretroactividad de la ley’.
Hay que tener mucho cuidado con un concepto tan estropeado como el de ‘consenso’. Siempre en democracia hay que tratar de lograr los más amplios acuerdos, pero al final es necesario tomar decisiones. Si todo se realizara por ‘consenso’, significa que existiría poder de veto, que bastaría que un grupo, por minoritario que fuera, no esté de acuerdo para impedir cualquier resolución. Es más, con esta teoría del ‘consenso’ se destruiría el concepto de democracia moderna, en el cual la elección de autoridades, las decisiones legislativas e incluso las de los diferentes tribunales, se toman por mayoría. ¿Se imaginan qué ocurriría si se aplicara en todo esto la regla del ‘consenso’? Palabras bonitas, vacías de contenido.
Incluso hemos escuchado a oficiales en servicio pasivo hablar de defender ‘conquistas históricas’, al más puro estilo de anacrónicos sindicatos de los años setenta.
¿Conquistas históricas de militares frente al Estado? Los derechos en el sector público, como la Constitución indica, deben ser generales, y las compensaciones deben atender, no a ‘conquistas’, sino a las condiciones específicas de cada sector.
Para estos grupos socializar es pedirles permiso, y tanto el Ministro de Defensa como el Comando Conjunto deben ser dirigentes gremiales antes que representantes del Gobierno y del Estado, todo lo cual destruye el Estado de derecho y la propia democracia.
La realidad es que en toda esta tan maltratada discusión existen tres problemas de fondo:
Primero, el creer que el ISSFA es parte de las Fuerzas Armadas y el imposible de pretender su sostenibilidad financiera.
El ISSFA es parte del sistema de seguridad social del país, como lo establece el art. 370 de la Constitución. En el sistema de seguridad social militar, la relación entre activos y pasivos es cercana a uno, mientras que en el civil es de siete a uno. De los $ 3.909 millones que el ISSFA pagó en pensiones militares de 2000 a 2015, más del 80% lo entregó el Estado. La pretendida sostenibilidad no existe en ninguna parte del mundo, pero intentan lograrla con aportes del 66% sobre el sueldo neto, con subsidio a las pensiones de al menos 60%, concentrar todo lo que se pueda en tierras y empresas que eran de la defensa nacional, para ‘rentabilizar al ISSFA’, e, incluso, aumentar el número de activos para ‘sostener’ a los pasivos, es decir, la defensa nacional en función de la seguridad social militar.
Esta absurda pretensión le está haciendo un grave daño a la democracia y a la Patria. Las pensiones militares y policiales, hoy garantizadas constitucionalmente, al igual que los sueldos y salarios, sin subterfugios ni absurdos deben ser obligación directa del único empleador: el Estado. ¿Alguien ha escuchado hablar de ‘cálculos actuariales’ para los sueldos y salarios?
Otro alto oficial en servicio pasivo manifestaba que Ecuador es el único país en la región donde los militares aportan a la seguridad social. Eso es precisamente fruto de pretender que el ISSFA tiene sostenibilidad financiera. Un sistema mucho más sencillo y transparente sería que el soldado recibiera un sueldo neto, y que todos los supuestos aportes personales y patronales fueran pagados por el Estado directamente al ISSFA. Tan solo con este ajuste contable se lograría la no aportación reclamada por ese oficial.
El inconveniente es que si llegamos a esta simple verdad, la mayor parte de la tecnocracia del ISSFA sería innecesaria, ya que vive de hacer complicado lo simple. Precisamente son muchos de estos tecnócratas, más preocupados en sus propios puestos que en el bienestar militar, los que mal asesoran a estamentos militares activos y pasivos.
El segundo problema de fondo, y que explica la agresividad de ciertos altos oficiales retirados, es que sienten estas reformas como un paso más para desmontar su visión de una institucionalidad paralela, prácticamente las FF.AA. como un Estado dentro del Estado, para no depender de los ‘muérganos civiles’, como solían llamar a los no uniformados dentro de las academias. Esta ‘visión’ incluía su propio sistema de seguridad social, de justicia, de educación, de salud, universitario, empresarial, museográfico, y hasta de supermercados, todo con dinero del pueblo ecuatoriano, mientras se pagaban salarios y pensiones de miseria. Esta ‘visión’ no puede tener cabida en un Estado moderno y en una verdadera democracia, pero en su defensa, ciertos oficiales retirados hablan de las más grandes tonterías, desde un supuesto odio a las FF.AA., hasta un imaginario plan del Foro de Sao Paulo -el foro más importante de la izquierda latinoamericana- para ‘destruirlas’.
Por último, estrechamente vinculado a lo anterior, está el problema del poder. Ciertos sectores militares jamás han aceptado estar bajo el poder civil, ni que el Presidente sea su máxima autoridad. Esto va desde cosas tan simples como cuando para trasladar al Presidente en sus aeronaves nos exigían pagar el combustible, mientras que altos oficiales se trasladaban en ese mismo avión gratuitamente, hasta lo que sucedió en días pasados, cuando un oficial activo que insultaba al Presidente en redes sociales argumentó que no había cometido falta alguna porque el Presidente no era su superior, argumento que sirvió para que no se lo sancione, a diferencia de lo que hubiera sucedido si un capitán insultaba a un mayor.
Para ciertos oficiales, que los ‘muérganos civiles’ les digan qué hacer con sus pensiones, supermercados o tierras, es sencillamente inconcebible, peor aún si ese ‘muérgano civil’ es un presidente de izquierda. No hablo para el presente, donde tenemos una prensa y oposición que perdió todo límite y escrúpulo. Hablo para el futuro, el cual, una vez calmados los vientos de insensatez que azotan a la República, sin duda nos dará toda la razón. (O)