La política de educación superior de los últimos diez años no ha venido sin sus altibajos. Los niveles de inversión son evidentes. Es la primera vez que ha existido una política al respecto, criticable, mejorable, pero una política al fin. Tanto así que dentro del debate electoral, si a esto se le puede llamar debate, los destinos de la educación superior son temas que te pueden dar votos.
El modelo que se propuso desde PAIS no ha logrado salir del patrón neocolonial de la academia y la generación del conocimiento. Es un modelo que no cuestiona las bases de un campo guiado por corporaciones, enfocado en la generación de utilidades, a través de alineamiento ideológico a la matriz occidental, liberal y de mercado. Es algo que mejor se ve reflejado en Yachay. El sistema de entrega de becas ha tenido su propio problema de raíz: si bien se puede pretender la democratización del acceso a la educación superior, tanto de manera internacional y nacional, hay un prerrequisito determinado por las condiciones estructurales que no se han podido cambiar.
Es decir, para acceder a la educación superior, es necesario democratizar, primero, la manera en que se llega al momento de acceder a la educación superior, y quiénes llegan a ese momento. Un estudiante graduado de colegio privado, de calidad, y bilingüe, tiene una ventaja estructural sobre alguien que viene del sistema público, deficiente todavía en muchos aspectos. A pesar de esto, la política de educación superior sí ha significado mayor acceso para quienes antes no lo tenían, pero se debería buscar ampliar esa base. Eso no significa que no se debió iniciar el proceso, pero es importante repensar la manera en que este proceso se ha dado. Se debe dar una mirada crítica a lo que se propuso, a los resultados y a lo que se busca llegar. Lo cual a veces parece, como en muchos otros campos, pedir mucho a una administración que no se ha mostrado abierta a ese tipo de críticas, menos a aquellas que vienen desde afuera.
Pero la mayor y más radical de las críticas parece venir desde Guillermo Lasso. Lasso ha propuesto, sin matices, cerrar la Senescyt. Su propuesta busca reducir el tamaño del Estado, darle ‘libertad’ a las universidades y, con el ahorro, ampliar el número de becas. Dejando de lado los dejos demagógicos, que esto es, al final del día, una campaña electoral, la desregulación del sistema universitario es, en parte, dotarlo de ‘libertad’, pero en el sentido comercial, agravando el problema de acceso y oferta, que fue una de las razones que llevó a la creación de tantas universidades mediocres, emitiendo títulos sin valor y estafando a aquellas personas que no pudieron participar en el sistema privado de élite.
También está lo de la oferta de becas. Una propuesta que no corrige el actual problema de acceso. Ampliar el sistema de becas debe ser un objetivo de Estado, y es uno loable. Pero ampliarlo sin repensar el modelo, sin cuestionarse los problemas sobre desigualdad al momento de acceder a estas becas, es perpetuar y empeorar un problema.
Si las becas y, en general la educación superior, siguen encontrando su nicho únicamente en una clase que ya podía acceder a la educación superior, y que ahora tiene una abanico más amplio de opciones, entonces la propuesta de Lasso no es una que está enfocándose en democratizar la oferta de becas, únicamente en ampliarla. Un problema epistemológico dentro de la visión del plan de Lasso, en general. Algo que Lenín Moreno debería criticar, especialmente porque esto significaría una necesaria autocrítica. (O)