A lo largo de los años se ha evidenciado en distintos países que una de las estrategias nefastas para someter a los pueblos ha sido concentrar el poder utilizando diversos mecanismos e instrumentos institucionales, pero también jurídicos que no precisamente han permitido alcanzar la justicia ni plasmar los derechos en la práctica.
En nuestro país, la década fatídica del correato demostró que la Constitución (2008), promovida por el gobierno de turno, pese a contener una sección dogmática y progresista en materia de derechos, también establece una parte orgánica peligrosa, porque en la práctica sirvió para imponer con mentira y propaganda, la visión unilateral del Estado, dejando sin piso lo bueno de la norma suprema.
Y como ya sabemos, en esa época utilizaron todo mecanismo capaz de aportar para exacerbar el presidencialismo, en desmedro de los otros poderes, con lo cual se hizo flaco favor también a la democracia y sus contenidos esenciales.
Los derechos y las garantías se dañaron gravemente, pero no solo esto, sino también el equilibrio de poderes, los mecanismos de control y transparencia, la participación ciudadana, la seguridad jurídica, la autonomía de las universidades y la que corresponde a los gobiernos locales, el diseño de políticas públicas; muchas leyes y otras normas de menor jerarquía desmontaron en los hechos lo valioso de la Constitución, es decir, la parte dogmática.
Una voz autorizada para proveer los criterios y encaminar la discusión sobre ese episodio de la historia reciente es la universitaria. Justamente, hace poco en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, se presentó la obra “Ecuador. Balance de una década”, editada por César Montúfar; contiene 19 trabajos de académicos.
El libro es un aporte interdisciplinario para el debate informado de la sociedad, pertinente para vislumbrar el horizonte y definir colectivamente el futuro inmediato, también para no repetir la década fatídica. (O)