Hace casi dos años el Consejo de Educación Superior (CES) resolvió intervenir la Universidad de Guayaquil, por considerar que la LOES en su artículo 197 lo faculta para hacerlo y en razón de que, tras una fase de investigación, se conocieron irregularidades cometidas en varias unidades académicas, por lo que, a juicio del Consejo, fue necesario designar una Comisión que la dirija por el lapso de un año -prorrogable por igual período-, a fin de que la institución retorne al cauce histórico durante el cual, y por más de una centuria, ha formado a las juventudes de Guayaquil y el país.
Al llegar a su término el tiempo en el cual la Comisión Interventora ha operado, los resultados son discutibles, según gran parte de los integrantes. Dicen que la comunidad universitaria, conformada por docentes, profesores, empleados y trabajadores, ha permanecido al margen, en razón de no haber sido convocada para que, con el conocimiento de los cambios propuestos, pudiera empoderarse de un proceso que los afecta en forma directa.
Según se comenta en los espacios académicos, las decisiones del actual Consejo Universitario son polémicas. Se menciona la falta de democracia y aun de respeto a los catedráticos elegidos para dirigir las diversas facultades, pues quien disiente de los pareceres de los comisionados es inmediatamente separado de sus funciones, a pesar de haber sido designado por los mismos. Al parecer, en dos días se ha defenestrado a decanos o subdecanos de 5 o 6 facultades y se demora la aplicación del estatuto, tras cuya aprobación deben elegirse las nuevas autoridades y cesar la intervención.
Seguramente los miembros de la Comisión no tuvieron ante sí una tarea fácil. El Alma Mater guayaquileña es la más grande del país, con sus sesenta mil alumnos provenientes de todas las provincias. Es una institución compleja en la que, efectivamente, eran notorias muchas falencias y hacía falta mayor rigor académico en algunas facultades y una mejor organización de los procesos administrativos. Ignoro si ello se ha conseguido, pues la información respectiva es parva.
Hay, de lo que conozco, un ambiente tenso y de desconcierto y hasta temor frente a la Comisión que tiene superpoderes. Y no se trata –como algunos quisieran mal informar a las autoridades- de resentidos ‘tirapiedras’ que hicieron mucho daño a las universidades. Por el contrario, quienes objetan estos procederes son personas identificadas con el proceso que vive el país y que constatan cómo la imagen y adhesión entre los docentes y alumnos respecto del proyecto se deterioran.
Tuve el honor de trabajar en la Universidad de Guayaquil casi 40 años. Pienso que tengo autoridad moral para pedir al CES y sus autoridades una mayor cercanía con los diversos actores de la Universidad, y que procedan con la equidad y eficiencia que nuestra Universidad merece.
Debe definirse el retorno a la autonomía de la institución para que ésta, remozada, ocupe el sitial que le corresponde en el proyecto de formación de un nuevo país, más justo y solidario. (O)