Hace unas semanas, el presidente Guillermo Lasso, en reunión con autoridades del gobierno central, representantes de organismos internacionales e integrantes de la academia, recibió un informe sobre gobernanza en el Ecuador, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), denominado “La Integridad Pública en el Ecuador: hacia un Sistema Nacional de Integridad”.
Por integridad pública, según la OCDE, se comprende a la alineación constante y la adherencia a valores, principios y estándares éticos comunes para apoyar y priorizar el interés de la ciudadanía sobre los beneficios privados en el sector público. Por tanto, la integridad pública debe entenderse como el conjunto de arreglos institucionales que tienen como objetivo que la administración pública no se desvíe de su principal objetivo: entregar los resultados esperados por la población de manera adecuada, imparcial y eficiente.
Lo que se cuida con la integridad pública es la transparencia y eficiencia en la gestión de las políticas públicas. Por tanto, es necesario fomentar la entereza en el servicio público y privado para que sus agentes actúen siempre, de hecho, en el interés público.
Se requiere, de acuerdo con la Guía de Integridad Pública, la construcción de entornos íntegros y éticos, libres de actos de corrupción, lo que devendría en una mayor eficiencia en la gestión, además de la aplicación más adecuada del dinero público, lo que se traducirá a su vez en un aumento en la calidad de los servicios prestados a la sociedad.
El informe presentado recomienda que se establezca un Sistema de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, dirigido por el Presidente de la República, que reúna a todas las funciones del Estado, a las entidades descentralizadas y a representantes de la academia; se sugiere, además, que en el Plan Nacional de Desarrollo se defina con claridad una hoja de ruta para el cumplimiento de las diferentes estrategias que busquen la integridad pública.
Lo que está claro es que las instituciones del Estado no solo son edificios, máquinas, normativas y políticas; son sobre todo personas y las interrelaciones que se construyen y gracias a las cuales se ejecutan las actividades bajo su responsabilidad. Necesitamos tanto de funcionarios como de empleados del sector privado que sean íntegros y esto depende en gran parte de la propia sociedad de la que provienen. Es un llamado a proceder de forma inmediata a disponer de un sistema de educación que valore la ética y la técnica para disponer de funcionarios con capacidades técnicas y morales íntegros que contribuyan al cumplimiento oportuno de los grandes objetivos del Estado. Será necesario también políticas de monitoreo de las políticas que se elaboré en un Sistema de Integridad y Lucha Contra la Corrupción.