Los objetivos 16 y 17 de los denominados por la Naciones Unidas Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030 -ODS-, y que son transversales a todos lo demás, colocan como una necesidad la modernización y la confianza en las instituciones de los Estados. Sin organizaciones públicas eficientes y sin instituciones sólidas se ve muy comprometido el cumplimiento de las metas solicitadas por la UN.
La gestión pública, sus gobiernos tienen la necesidad de realizar cambios profundos en sus estilos y propuestas de administrar los recursos públicos dando prioridad a la innovación como una de las posibles respuestas a las inéditas y complejas exigencias que demanda la sociedad.
La innovación en las actuales circunstancias pasa a ser una prioridad para las autoridades y los servidores públicos con el objeto de dar respuestas efectivas a la inclusión y las desigualdades que afectan principalmente a nuestra América Latina.
La innovación en la gestión pública tiene el gran desafío de mejorar y no afectar el empleo, es decir, que no se constituya en una tijera que contribuya a la desigualdad de nuestros países. Tiene que ser una responsabilidad de todos los niveles de la gestión de lo público.
Las universidades tienen el desafío de colocarse en la vanguardia de los procesos innovadores mediante la generación, promoción, difusión y sistematización de los procesos de innovación. Las ofertas académicas y los programas deben disponer en sus contenidos la construcción de competencias y una promoción para una actitud abierta al cambio y las transformaciones.
La creación de competencias debe ser transversal en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de los sistemas de educación de nuestros países.
Las administraciones públicas están comprometidas para asumir este nuevo componente ineludible de la innovación en el presente y en el futuro de la gestión para legitimar su presencia institucional. Esta legitimidad debe estar acompañada de un componente clave como es el de la transparencia en los procesos de innovación. (O)