La cúpula de la Iglesia católica difunde, sin fundamentos, su preocupación por el texto de un artículo destacado en el proyecto del Código Penal que permanece en la Asamblea para su respectivo análisis y aprobación. Como estrategia para retomar la palestra política, los prelados aseguran que se pretende restringir la libertad religiosa y de expresión, mediante la aplicación de multa y prisión a “los ministros de culto que en los templos o en lugares religiosos, calles o plazas, prediquen en contra o a favor de un partido o movimiento político determinado”. Los jerarcas de la Iglesia actúan, según su conveniencia, con ley o sin ley. Hoy, tras prudencial silencio, insurgen para agregarse a la oposición, que se alista, en su agonía, para enfrentarse a la Revolución Ciudadana en la contienda presidencial de 2013.
La Iglesia católica, desde la nefasta época de la Inquisición hasta nuestros días, ha desviado su misión de guía espiritual, e irrespetado la vigencia del Modus Vivendi entre la Santa Sede y el Gobierno del Ecuador. En ese acuerdo se garantizan las actividades religiosas, en el ámbito de su competencia, mientras las prelados desobedientes, en alianza con la derecha, convierten el púlpito en tribuna para promover proselitismo político.
Recordemos hechos deplorables auspiciados por la Iglesia, como el caso de un cura extranjero que encabezó una manifestación política en el controvertido conflicto de La Concordia, Los ciudadanos de Guayaquil no se olvidan de la impúdica campaña del episcopado presidido por el Arzobispo, en apoyo del “No”, aunque, hipócritamente, proclamaba su neutralidad en el proceso.
Las autoridades religiosas, en lugar de inmiscuirse en las actividades políticas, deberían preocuparse por depurar sus templos de sacerdotes implicados en escándalos sexuales, enderezar rumbos y reasumir su papel: predicar la doctrina de Cristo, la solidaridad, el amor y el sacrificio por los demás. Es tiempo de que la Iglesia recupere la confianza de los feligreses con un cambio de actitud.
Es concepto universal que la justicia abarca la igualdad entre los integrantes de una comunidad con referencia a la sujeción de las leyes vigentes. El que quebranta la ley no se libra de su juzgamiento. La condición de religioso, periodista o de cualquier ciudadano no se escapa de someterse a las leyes cuando incurre en un delito.
Es indispensable precisar leyes y códigos para normar la conducta de los equivocados y garantizar una vida de paz y armonía social.