En Huaquillas, en el año 2006, una menor de edad fue alcoholizada y violada de forma grupal por tres hombres adultos y cuatro menores de edad. El delito se filmó con las cámaras de celulares y los videos se distribuyeron en puestos de venta de CD piratas, no solo en Huaquillas, sino también en Perú.
Producto de la violación, la menor quedó embarazada, fue expulsada del plantel donde estudiaba y las autoridades del colegio y del cantón, prefirieron apoyar y defender a los violadores, por sus vínculos con gente que ostenta posiciones de poder.
El fiscal encargado configuró el caso únicamente por explotación sexual y omitió acusar a los involucrados por violación sexual y comercialización de material pornográfico. Al consultar la página web de la Función Judicial se concluye que el abuso a la menor quedó en la más absoluta impunidad.
Con estos antecedentes surgen varias dudas, ¿las violaciones grupales a niñas y adolescentes, preferentemente, la filmación del delito y la comercialización de este material, son acontecimientos aislados y recientes?
Por otro lado ¿qué probabilidad existe de que los casos de Emilia, Carolina y Martha no terminen en impunidad?, ¿por qué las autoridades de turno no investigan si además de los autores materiales en estos casos, existen más involucrados que podrían ser parte de bandas internacionales de pornografía infantil y nuevas formas de trata?
¿Es tentador para los delincuentes el hecho de que la trata y la pornografía infantil mueven a nivel mundial más dinero que el tráfico de armas y el narcotráfico juntos y más tentador aún, saber que es muy probable que gocen de impunidad y que puedan esconder sus fechorías en un sistema de burocracia enredada y corrupta?
Los ciudadanos no podemos permanecer indiferentes ante estos delitos. Su cometimiento y posible impunidad, erosionan al sistema y a la Institucionalidad. Y cuando las capas de la Institucionalidad no son capaces de permanecer permeables a estas amenazas, finalmente terminan por contaminar a toda la sociedad. (O)