En la villa de Aranjuez todo pasa al revés; el ratón persigue al gato y el delincuente al juez. Y es que resulta inaudito que un “juez” -que no es el juez del aforismo popular- de la Unidad Judicial de Montecristi, la tierra donde nació la actual Constitución y que le dio competencia a todo juez ecuatoriano para conocer garantías constitucionales haya concedido una acción de protección a favor de una ciudadana, que antes ya había golpeado las puertas de la casa de la “justicia” con otro objetivo pero que no tuvo buen resultado.
Este “juez de alquiler” que se suma a todos aquellos que en los últimos tiempos han afeado a la imagen de la Función Judicial, ha ordenado que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conforme una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las acciones administrativas y designación de jueces por parte del Consejo Transitorio que lo presidió Julio César Trujillo; consejo que se instituyó por voluntad popular expresada en la consulta de febrero de 2018.
Esta “sentencia” si así puede llamarse a ese acto de obediencia político partidista, resulta desde el punto de vista jurídico inejecutable porque estaría contrariando un dictamen de la Corte Constitucional del mes de mayo de 2019, que declaró que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, es decir éste y el anterior, no tiene las competencias extraordinarias que el régimen de transición otorgó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, por lo tanto, no goza de autotutela para revisar las acciones tomadas y las competencias extraordinarias no pueden ser asumidas, homologadas, ni desconocidas por el Consejo de Participación definitivo, palabras más, palabras menos.
Y es que al buen entendedor pocas palabras dice la abuela de la casa, pero en los momentos actuales cuando estamos justamente viviendo un proceso electoral resulta evidente que quien presenta la garantía jurisdiccional constitucional es una marioneta movida por hilos políticos e institucionales, porque a mí nadie me quita que la iniciativa nació en el seno del organismo de participación ciudadana y control social, de tal suerte que se disponen a acatar la decisión ilegitima, por un lado, y por otro, quien acepta esa acción de protección o no sabe de la misa a la media de derecho o es un sirviente del poder político de turno.
La estrategia comunicacional de quienes hoy están intentando llegar a Carondelet es elocuente, pues la acción de protección que se ha prostituido de un tiempo acá, suena a pregón de la segunda vuelta como lo fue en su momento la que se planteó ante otro “juez de alquiler” y que restablecía los derechos políticos de quien había sido condenado por la justicia. Y como sabían que no iba a prosperar se desistió de la candidatura, pero el objetivo se había cumplido, había que refrescar la memoria y victimizarse.
El resultado de la veeduría ciudadana nacida de una decisión ilegitima no tiene ningún valor, jurídicamente hablando, por el dictamen de la Corte Constitucional, pues lo que se pretende es ir tras los jueces del máximo organismo de justicia constitucional que aún conserva su credibilidad, de ahí que la sentencia popular “en la villa de Aranjuez todo pasa al revés; el ratón persigue al gato y el delincuente al juez”, nos cae como anillo al dedo.