En la columna pasada, me referí básicamente a la diligencia legislativa llevada a cabo para reconducir –desde lo normativo– al sistema de educación superior ecuatoriano. Como desenlace, invoqué el reciente aporte realizado al mundo, especialmente a la comunidad académica, por parte del Banco Mundial (BM): “Momento decisivo. La educación superior en América Latina y el Caribe (ALC)”.
La investigación referida es altamente rica en contenido, y sus primeras líneas seducen al lector a profundizar en el tema, atándolo, desde la introducción, al desarrollo de la producción interna de una determinada comunidad política: “Mediante la educación superior, un país forma mano de obra calificada y construye la capacidad para generar conocimiento e innovación, lo que a su vez impulse la productividad y el crecimiento económico” (2017, p. 1).
A renglón seguido, una de sus autoras, Dna. María M. Ferreyra, meses atrás hizo alusión a su trabajo de investigación en el blog oficial del BM, advirtiendo que el “ahora” equivale a una economía susceptible a la ola de la globalización en la cual “(…) los países deben ayudar a los estudiantes a maximizar su potencial, (…) creando programas (…) que preparen a los jóvenes para ser exitosos en el mercado laboral” (2017). Estos criterios fueron, de cierta manera, enlazados por Dn. Manuel Castell en un artículo publicado en la revista Bitácora Urbano Territorial, al esgrimir que las tan ansiadas productividad y competitividad: “(…) dependen fundamentalmente de la capacidad de adquirir conocimiento y de procesar información” (2000, p. 44).
Estas líneas sugieren que el sistema de educación superior sea el complemento clave del motor económico. Toda comunidad política que busque posicionamiento global debe trabajar agresivamente para que su sistema de educación superior mantenga niveles de calidad y sea inclusivo para con la diversidad. Solo así la producción se impulsa, el empleo se genera y la inversión se atrae. (O)