Carlos L. Morales, del Partido Social Cristiano (PSC), dice que conoce las necesidades que tiene la provincia.

Está previsto que esta semana se oficialicen dos denuncias más por presuntas extorsiones por parte de asambleístas a sus colaboradores.

Afectados por Chevron solicitaron al Gobierno que declare la inaplicabilidad de la resolución. Advirtieron -incluso- con demandar al Estado ecuatoriano.