El denominado “DOCUMENTO SANTA FE I” redactado en 1980 bajo el título “Las relaciones interamericanas: Escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos” retoma y desarrolla la Doctrina Monroe, como piedra angular histórica de la política de los Estados Unidos hacia América Latina. El “Comité Santa Fe” para elaborar su Documento parte de la premisa de que el Presidente Carter no solo que es un “cuasi comunista” sino que su política internacional especialmente de Derechos Humanos, permitió que la Unión Soviética penetre y se adueñe de varios países de Centro América, El Caribe y Suramérica.

La principal crítica del Comité consistió en afirmar que el presidente James Carter sacrificó alianzas estratégicas con países Latinoamericanos y Caribeños solamente porque estos Estados tenían regímenes autoritarios que violaban los Derechos Humanos, lo cual dio la posibilidad al comunismo soviético-cubano de un acercamiento con los grupos ciudadanos que ejercían resistencia a esos regímenes dictatoriales. La justificación para decir que esta política estaba errada fue muy simple, los regímenes dictatoriales no democráticos eran amigos de Estados Unidos mientras que los gobiernos que los sucedían o los grupos que se oponían a esos regímenes eran enemigos por ser cercanos a las posiciones soviético-cubanas. Por lo tanto el tema de Derechos Humanos era meramente cultural, no se podía esperar que los países del Hemisferio entiendan los DDHH como los entiende Estados Unidos, por ello era necesario tener tolerancia con los países que tenían dictaduras autoritarias y sanguinarias siempre y cuando estos países sean aliados de EEUU. Las violaciones a los Derechos de las personas se tomarían como parte de la cultura que esos regímenes necesitaban imponer para mantener limpios sus países del comunismo.

Este documento es tan importante porque fue la hoja de ruta que siguió el presidente Ronald Reagan en su primer gobierno para regular las relaciones internacionales con el resto de países del Hemisferio; de hecho en su primera rueda de prensa dio un viraje de 180 grados criticando la política de DDHH de Carter y justificando un acercamiento inmediato a las dictaduras latinoamericanas y Centroamericanas que sean aliadas de Estados Unidos, el tema de los DDHH era relativo y debía mantenerse en ese campo.

Para poder contrastar las propuestas del Presidente ecuatoriano Jaime Roldós plasmadas en su mayoría en la denominada “Carta de Conducta” y las directrices de inteligencia y geopolítica del Comité Santa Fe al gobierno de Reagan, haré referencia al primer texto del Comité; debo aclarar que no fue el único Documento, en los siguientes años el intervencionismo se profundizó siguiendo la secuencia de los demás documentos producidos por el “Comité Santa Fe”. Me permito citar unas muy pocas líneas de análisis y solución insertas en el texto “Santa Fe I” que fueron aprobadas y ejecutadas por el Gobierno estadounidense de Reagan, en América Latina: ofrecer entrenamiento militar a oficiales jóvenes y suboficiales para vincularlos con los aparatos militares de EU; recuperar el liderazgo profesional sobre las fuerzas militares del continente y constituirse en un modelo político para los líderes militares y sus familias; arrebatar al Pueblo de Panamá y al General Torrijos el Canal y ponerlo bajo la jurisdicción de la Junta Interamericana de Defensa JID - OEA, trasladar la JID al Canal y declararla zona de seguridad; condenar públicamente la Doctrina Roldós; manipular los medios de comunicación norteamericanos para que no condenen la violación de los derechos humanos por parte de las dictaduras amigas de Estados Unidos y por el contrario critiquen a los países democráticos pero alejados de la esfera norteamericana y sobre todo la violación de los derechos humanos en Cuba; comprender que la política de derechos humanos constituye un concepto cultural y políticamente relativo; defender a los gobiernos autoritarios pero aliados a Norteamérica; contrarrestar la Teología de la Liberación; etc..

Coincidentemente cuando el presidente Carter terminaba su mandato y Reagan entraba a la Casa Blanca retomando la antigua visión geopolítica de América para los Americanos y el resto del continente es solamente su patio trasero; el joven político humanista Jaime Roldós Aguilera asumía la primera presidencia democráticadespués de años de dictadura en el Ecuador, se esmeró desde el inicio en reconducir la política exterior y las relaciones internacionales enfocándolas en los principios de soberanía, integración, equilibrio en las relaciones y principalmente en la defensa de los derechos humanos, relacionando directamente su violación con los gobiernos dictatoriales de Latinoamérica.

Roldós denunció varias veces los genocidios en las Américas a manos militares y policiales, por ello sugirió que proteger la vida de las personas no admitía como excusa la soberanía de gobiernos tiranos. El Presidente Roldós en su diálogo con los presidentes democráticos, claramente si refirió a los desaparecidos, muertos, heridos y encarcelados por las dictaduras, Jaime Roldós no se equivocó, las cifras oficiales dadas en base a los archivos del terror encontrados en Lambare, Asunción, que al parecer serían cifras mucho más conservadoras que las reales, confirman que las víctimas de las dictaduras unificadas por el denominado “Plan Cóndor” apoyado desde el gobierno de Washington dejó un saldo escabroso de 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos, 400.000 encarcelados y más de 400.000 heridos. Entre los asesinados y los desaparecidos se cuentan unos 3.000 niños y niñas.

La relación directa que mantuvo Jaime Roldós con los presidentes democráticamente electos y con los grupos sociales de resistencia que actuaban en los países gobernados por dictadores, ayudó a diseñar sus líneas de pensamiento que más adelante se reflejarían en un documento denominada “Carta de Conducta”, este acuerdo fue suscrito en la ciudad de Riobamba a los once días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y por primera vez el Ecuador logró el compromiso político de los presidentes de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, estados miembros del Pacto Andino, hoy denominado CAN, para asumir posiciones y compromisos conjuntos en favor de la Democracia del Continente y en defensa de los Derechos Humanos; a este instrumento internacional se sumaron los Presidentes de Costa Rica, de Panamá y un representante personal del Gobierno de España.

La “Carta de Conducta” conocida como la “Doctrina Roldós” contiene todas las posiciones que hoy los organismos de integración Latinoamericana y Caribeña incorporan y defienden: CAN, MERCOSUR, ALBA, UNASUR, SICA, CARICOM, CELAC. Algunos puntos ya fueron expuestos en los años 70 por Roldós en las aulas universitarias y posteriormente plasmados en su doctrina entre 1980 y 1981; como se podrá concluir Roldós adelantó el tratamiento público de estos temas 30 o 35 años; la guerra fría estaba en marcha y la etapa más imperialista y agresiva en el norte, se había inaugurado con Reagan; la postura del Presidente Roldós constituía no una simple provocación sino un pecado capital que de cumplirse en sus postulados provocaría por ejemplo la inaplicabilidad del TIAR, la deslegitimación de cualquier intervención norteamericana o el desbalance geopolítico del hemisferio a favor de los países que iniciaban sus relaciones directas con Europa, la Unión Soviética y Asia.

Los principios que el Presidente Roldós logró comprometer como propios a 7 naciones y que se oponían totalmente a lo establecido por el Comité Santa Fe, consecuentemente a la política exterior de Reagan y posteriormente a la de la dinastía Bush, podríamos resumirlos de la siguiente manera: Democracia Participativa; desarrollo integral con justicia social; cambio de las injustas estructuras existentes; el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituyen una norma fundamental de la conducta de los estados; solución alternativa de controversias con medios pacíficos; desarme subregional y regional que permita liberar recursos para el desarrollo económico y social; soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales; acción solidaria de los países firmantes frente a cualquier amenaza o coacción económica externa; mayor participación de la Subregión Andina en las negociaciones de los problemas políticos y económicos, que se debaten en la comunidad internacional, particularmente en los que se refieren a la paz y seguridad y al Nuevo Orden Económico Internacional, en cooperación con los otros países latinoamericanos y demás del Tercer Mundo; adopción de políticas comunes en los campos económico, social, laboral, educativo, cultural, tecnológico y de salud; trabajar en aproximar las legislaciones nacionales; integración con beneficios equitativos; entre otros.

Los escenarios se dieron de tal forma que Ecuador al finalizar el 1978 ingresa como parte del Plan Cóndor para detener y exterminar al comunismo de Suramérica; en plena lucha de Reagan por desacreditar a Carter y retomar las posiciones más duras y ortodoxas; cuando las dictaduras del Cono Sur ya habían producido miles de muertos, desaparecidos y heridos; surge en un país con crisis económica; 10 años de dictadura; problemas limítrofes no resueltos; pobreza, desnutrición, analfabetismo, discriminación étnica y una minúscula clase dominante protegida económicamente por el Estado que nunca pudo lograr su independencia económica y financiera por medrar de los recursos públicos y abandonar la posibilidad de invertir en la industria y la investigación; surge digo, un Presidente que comienza a hablar de justicia social, que abiertamente defiende y da refugio a todos los ciudadanos latinoamericanos que huían de sus países por la persecución política de sus gobiernos y la posibilidad cierta de ser asesinados o desaparecidos; que se atreve a convocar a los presidentes andinos democráticos para hacer un ejercicio real de integración comercial; que inicia viajes a los países de Centroamérica, México y Suramérica para exponer sus tesis en defensa de los derechos humanos y en ataque frontal a las dictaduras protegidas por Washington; que acude a esa ciudad y va a la OEA para exigir la protección de los perseguidos políticos y la presión para el pronto retorno a la democracia en el Continente.

Esta actuación frontal decidió el rumbo de su gobierno, la aristocracia de papel de la costa y de la sierra ecuatoriana, comenzaron una feroz campaña desde el Congreso para desprestigiarlo mientras los equipos de inteligencia extrajera se instalaban en nuestro país, con la posible complicidad de minúsculos grupos de militares ecuatorianos y el ataque constante de casi todos los medios de comunicación que trataron desesperadamente de alejarlo del pueblo que había sido el sustento de sus ideales y el objetivo de su gobierno.

El desenlace aún está por escribirse, probablemente algún día la justicia nos diga la verdadera historia de su muerte y la de su esposa; esperamos que sea antes de que algunos participantes que seguramente están vivos y hoy en campaña similar contra el presidente Rafael Correa, paguen al pueblo la ruptura que provocaron en su evolución social.

Algunos puntos del Documento Santa Fe I:

• Reactivar, como el tercer elemento de nuestro sistema hemisférico de seguridad, nuestras tradicionales vinculaciones militares en el continente, ofreciendo entrenamiento militar y ayuda a las fuerzas armadas de continente, con un énfasis particular en los oficiales más jóvenes y en los suboficiales.
• Utilizando el entrenamiento militar de nuestro país, Estados Unidos puede proporcionar no solamente un liderazgo profesional de primera clase, sino también un modelo moderado para el resto del personal militar del continente americano y sus familias. Viviendo en Estados Unidos y observando nuestro proceso político en acción, los líderes militares de este Hemisferio pueden volver a sentir el respeto y la admiración que antes tenían por Estados Unidos.
• Al negociar Carter con la dictadura de extrema izquierda y brutalmente agresiva de Omar Torrijos, debilitó la posición de nuestro país y de todo el continente, esta política debe revertirse.   Si los presentes tratados fracasaran, debemos colocar al Canal de Panamá bajo la protección de la Junta Interamericana de Defensa JID.
• Si trasladáramos la JID al Canal, estableciéramos una zona de seguridad bajo las diecinueve banderas de la JID y realizáramos ejercicios combinados, los países libres del continente americano estaríamos haciéndole saber a los soviéticos y a sus aliados comunistas en este Hemisferio, que nos encontramos listos, deseosos y capaces de defender nuestros intereses vitales.
• La Doctrina Roldós, denominada así en honor del presidente de Ecuador, debe ser condenada. Plantea que las potencias extranjeras no violan el principio tradicional de la no intervención, si su involucramiento en los asuntos internos de una nación constituye una defensa de los derechos humanos.
• La cobertura de la realidad política latinoamericana por los medios de información norteamericanos es inadecuada, y muestra un sesgo sustancial a favor de los partidarios de la transformación socioeconómica radical, sobre bases colectivistas, de los países menos desarrollados, posición totalmente equivocada que deja fuera del liderazgo a nuestro país.
• La manipulación de los medios de información a través de grupos vinculados a las diferentes iglesias y de otros grupos de presión denominados de defensa de los derechos humanos, ha desempeñado un papel cada vez más importante en el derrocamiento de gobiernos autoritarios, pero favorables a Estados Unidos, y en su reemplazo por dictaduras anti norteamericanas, comunistas o pro comunistas, con un carácter totalitario, es necesario revertir esto cuanto antes.
• La política exterior de Estados Unidos debe empezar a contrarrestar (no a reaccionar en contra) la Teología de la Liberación, tal como es utilizada en América Latina por el clero a ella vinculado.
• Estados Unidos debe rechazar la suposición errónea de que, frente a los gobiernos autoritarios, puede desarrollar e imponer fácilmente alternativas democráticas al estilo norteamericano, así como dejar de lado la convicción igualmente conflictiva de que, en tales situaciones el cambio per se es inevitable, deseable y del interés norteamericano. Esta creencia ha inducido a la Administración Carter a participar activamente en el derrocamiento de gobiernos autoritarios no comunistas amigos de nuestro país.
• La política de derechos humanos, que constituye un concepto cultural y políticamente relativo que la presente Administración ha utilizado para intervenir a favor del cambio político en algunos países de este Hemisferio, afectando de manera adversa la paz, la estabilidad y la seguridad de la región, debe ser abandonada y reemplazada por una política no intervencionista de realismo político y ético.
• La naturaleza cultural y éticamente relativa de la noción de los derechos humanos queda clara cuando se advierte el hecho de que los argentinos, los brasileños y los chilenos encuentran repugnante que en Estados Unidos, en donde legalmente se autoriza la liquidación de más de un millón de niños en gestación cada año, se sienta moralmente violentado ante la muerte de un terrorista que lanza bombas y ametralla a civiles inocentes.
• Una política de derechos humanos ideológicamente motivada y aplicada de manera selectiva va en detrimento de los derechos humanos correctamente concebidos. Ha costado amigos y aliados a Estados Unidos, y nos ha hecho perder la influencia en países importantes de América Latina. Incluso ha contribuido a la desestabilización y la pérdida, o pérdida prospectiva, de países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.
• Estados Unidos debería cesar de dirigir hacia sus aliados su inequitativo programa de derechos humanos aplicado actualmente. La Administración actual, no ha intentado seriamente aplicar su doctrina de derechos humanos contra la Cuba de Castro, la Nicaragua sandinista u otros satélites soviéticos en el Hemisferio Occidental. Sin embargo, si se ha pronunciado contra la violación de los Derechos Humanos en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, la Nicaragua de Somoza y Paraguay -todos aliados de antaño- han sido acosados por Carter.

Puntos de la Carta de Conducta de Roldós:

• Procurar un ordenamiento político subregional generado en democracia de extracción popular y definido carácter participativo, sin perjuicio de los principios de autodeterminación de los pueblos, de no intervención y del pluralismo ideológico;
• Propiciar nuevos esquemas de desarrollo integral que, inspirados en principios de justicia social, permitan el cambio de las injustas estructuras aún existentes;
• Reiterar el compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituyen una norma fundamental de la conducta interna de los Estados del Grupo Andino y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, por tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención;
• Promover la solución de las controversias que existen o pudieran presentarse entre los países del Grupo Andino o entre éstos y terceros, mediante procedimientos pacíficos previstos en el Derecho Internacional;
• Propiciar un proceso de desarme subregional y regional que, inspirado en los postulados de la Declaración de Ayacucho, constituya una contribución efectiva al desarme general y completo, y permita liberar recursos para el desarrollo económico y social;
• Reafirmar el Derecho Soberano de los Estados a la libre disposición de sus recursos naturales como norma sustantiva de la con vivencia internacional;
• Actuar solidariamente frente a cualquier amenaza o coacción económica que afecte a uno de los Estados del Grupo Subregional Andino, como modo de consagrar la seguridad económica colectiva de los mismos.
• Propiciar una mayor participación de los países de la Subregión Andina en las negociaciones de los problemas políticos y económicos, que se debaten en la comunidad internacional, particularmente en los que se refieren a la paz y seguridad y al Nuevo Orden Económico Internacional, en cooperación con los otros países latinoamericanos y demás del Tercer Mundo;
• Comprometer esfuerzos para la adopción de políticas comunes en los campos económico, social, laboral, educativo, cultural, tecnológico y de salud, entre otros, así como para la aproximación de las respectivas legislaciones nacionales;
• Aplicar, inspirados en los principios de la justicia social internacional, los instrumentos del esquema integracionista andino en forma tal que se deriven para los Estados, miembros beneficios equitativos entre los cuales conste el tratamiento preferencial para los países de menor desarrollo económico relativo, establecidos en el Acuerdo de Cartagena;
• Contribuir a la vigencia de la libertad, la justicia social y la democracia mediante el cumplimiento del compromiso Andino de aplicar los principios fundamentales establecidos entre otros instrumentos internacionales en la Declaración sobre el Establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional.