El plazo de 60 días que tiene la prefecta de Pichincha, Paola P., para retomar sus funciones está a punto de terminarse, de modo que perdería su cargo.

Ella fue detenida la madrugada del 14 de octubre, acusada por la Fiscalía del delito de rebelión, por tanto el juez de Flagrancias dictaminó la prisión preventiva y fue trasladada a la cárcel de Latacunga.

Al mismo tiempo la funcionaria solicitó un permiso sin sueldo hasta que se resolviera el proceso penal.

Pero al cumplirse 56 días, desde que fue aprehendida por la supuesta participación en actos de desestabilización contra el gobierno durante las protestas indígenas, su situación judicial no ha cambiado.

De acuerdo al artículo 47 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (Cootad), el Consejo Provincial solo puede conceder licencias que no sobrepasen los 60 días a sus miembros.

No obstante para que opere la destitución la entidad debe notificar primero la ausencia, una vez cumplido el plazo señalado en la normativa. 

El abogado de la Prefecta, Ramiro Aguilar, informó que recibió la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  que concedió medidas cautelares  a favor de Paola P., así como de Virgilio H., y Chistian G., también procesados en este caso por los hechos de octubre. 

Por esto dijo que en base al dictamen de la CIDH pedirá la sustitución de la prisión preventiva.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha,  Ramiro García, dijo que la notificación de la CIDH apunta a la protección de la vida e integridad física de los solicitantes, pero no hace ninguna referencia a la libertad personal.

Enfatizó que la organización internacional no pide que se deje sin efecto decisiones judiciales o exige la liberación de los procesados en la causa.

Por esto se podría cumplir con la resolución cambiando de cárcel a la Prefecta o de pabellón a uno de mayor seguridad a los implicados. (I)