En base al Plan de Medidas Cautelares y a lo que señala la Constitución y el respectivo Decreto Ejecutivo, ninguna organización ni agrupación está autorizada a realizar sobrevuelos en el área ancestral e intangible, en donde el fin de semana pasado se habría producido un ataque waorani en contra de los pueblos en aislamiento voluntario, los Taromenani y Tagaeiri.

Así informaron ayer fuentes oficiales y explicaron que el objetivo es evitar la desinformación, no irrumpir en zonas protegidas e impedir que etnias enemigas a los tagaeiris y taromenanis  tengan las coordenadas de los sitios donde se asientan y organicen un nuevo ataque.

Dentro del Plan de Medidas Cautelares, que está a cargo del Ministerio de Justicia, el único sobrevuelo realizado tras conocer del ataque waorani se dio el miércoles pasado, pero no se hallaron evidencias del supuesto enfrentamiento entre las etnias.  

Todo eso se hizo en cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dadas el 10 de mayo de 2006 al Ecuador, para proteger a los pueblos tagaeiris y taromenanis.

Además, en respeto a lo que señala el segundo inciso del numeral 21 del artículo 57 de la Constitución, referente a que el Estado adoptará medidas para garantizar la vida en territorios de los pueblos en aislamiento voluntario para hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento. La violación de esos derechos constituiría el delito de etnocidio, tipificado en el Código Penal.

El Ministerio de Justicia está a cargo de la ejecución del Plan de Medidas Cautelares a favor de dichos pueblos desde 2010, cuando por Decreto Ejecutivo No. 503 el presidente de la República, Rafael Correa, dispuso la transferencia a esa cartera de Estado de todas las competencias, atribuciones y delegaciones del Plan, el cual estaba en manos del Ministerio de Ambiente.

Una vez a cargo del Plan, el Ministerio de Justicia fortaleció el equipo institucional con expertos en varias ramas científicas para apuntalar el monitoreo, control, patrullaje, visitas y levantamiento de información respecto a los pueblos no contactados y establecer políticas de Estado para respetar sus derechos.

Esos expertos, junto a personal de los ministerios de Salud y del Interior, y  autoridades de Orellana, pueden participar en los sobrevuelos y excursiones. Ellos estuvieron el miércoles pasado en la comunidad de Yarentaro y verificaron que dos niñas taromenanis  de 4 y 6 años  fueron rescatadas y ahora están bajo el  cuidado de familiares de los ancianos waoranis Ompure y Buganey, asesinados el 5 de marzo por etnias en aislamiento.

Ompure era un guerrero descendiente del clan del Gabarón, que tiene cuatro asentamientos: Kawimeno, Dícaro, Peneno y Yarentaro. Se dice que fue sentenciado a muerte por los tagaeiris, pues lo atacaron hace 30 años y perdió el ojo. Él se internaba en la selva por períodos de dos a tres meses y era uno de los pocos interlocutores entre pueblos aislados y waoranis.

En Yarentaro (Orellana), a donde pertenecía Ompure, las niñas taromenanis  rescatadas recibieron atención primaria en salud: se las vacunó contra el sarampión y la fiebre amarilla. Aún se desconoce si sus padres murieron o huyeron.

Ayer el dirigente waorani Pedro Enqueri ratificó que se mantiene la resistencia de los indígenas de prohibir el ingreso de la dirigencia y de las autoridades hasta Yarentaro y Dícaro por temor a ser detenidos.

Esto -según expertos- demostraría que el liderazgo de los waoranis no cubre a todos los grupos de esa etnia. De allí la restricción que tienen de internarse en las comunidades. Ante eso, buscan el apoyo de la Fiscalía para ingresar a la zona, lo cual solo podría darse con autorización del Ministerio de Justicia y dentro del Plan de Medidas Cautelares.

Enqueri indicó que ha recibido información de que la mañana del martes pasado los guardias de la petrolera Petrobell vieron a tres taromenanis cerca a las instalaciones del Bloque Armadillo.

Asimismo, se conoció que los waoranis  declararon el estado de alerta en todo su territorio y pidieron a las 46 comunidades que  se comuniquen de inmediato a la oficina matriz en Puyo para informar de todo acto anormal que se presente, ya que temen que los taromenanis sobrevivientes busquen venganza.

Por su parte, la dirigencia de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) se reunió de forma urgente y expresó su solidaridad tanto a los waoranis como a los taromenanis.

La Conaie emitió un comunicado donde indicó: “Frente a los hechos..., exigimos al Gobierno y a organismos del Estado que coordinen acciones y actividades con autoridades waoranis para tomar medidas adecuadas en la zona de conflicto y realizar una investigación seria y transparente”.

“EL TEMA Y EL PROBLEMA TIENEN UN CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL”

El tema no debe ser visto solo desde un punto estrictamente situacional ni coyuntural, sino que tiene un contexto histórico y cultural, en un ámbito como el amazónico donde el Estado, antes del Gobierno actual, nunca estuvo presente.

El problema, entonces, no es solo lo que se observa como una falta de posicionamiento del Estado en un escenario territorial, social, político, económico y cultural que es nuestra Amazonía, donde el Estado no ha hecho presencia durante décadas.

Antes se reflejaban unas élites que no veían la potencialidad de la Amazonía y peor como un espacio donde existía gente y vida. Creían que eso era paisaje y un espacio vacío de seres humanos. Al tener una visión antropocéntrica de la realidad, no consideraban a las especies, a los ríos y la naturaleza como valiosos.

En la época del neoliberalismo tuvimos una sustitución del Estado por el mercado y la entrega de las competencias del Estado hacia las ONG y organismos empresariales. Tampoco tenían políticas claramente orientadas y sólidas en relación a los pueblos recientemente contactados, como es el caso de los waoranis, peor todavía en relación a los pueblos en aislamiento.

Esos es verdad y no es algo que se pueda suplir en un período tan corto de seis años (de este Gobierno), pese a que los esfuerzos han sido grandes y que cada vez sea más fuerte la presencia del Estado en la Amazonía.

Los waoranis tienen ejes estables y consolidados, así como espacios periféricos que todavía no lo están y en esos mundos periféricos se produce el contacto con pueblos aislados, que  cada vez son más frecuentes por otro tipo de procesos que no son generados endógenamente, como la explotación minera, petrolera... que demarcan otro tipo de fronteras y comprimen espacios donde los waoranis se desenvuelven.

El Plan de Medidas Cautelares, que está bajo la competencia del Ministerio de Justicia, determinó formas de intervención orientadas a la protección de los derechos colectivos no solo a los pueblos waoranis, sino también de los pueblos en aislamiento voluntario que se ven expuestos a diversas amenazas.

Necesariamente los ciclos del aislamiento, en todos los países del mundo, van concluyendo en algún momento conforme van requiriendo de relaciones que les permitan sobrevivir.

El Plan de Medidas Cautelares estipula formas para que, en relación con el Ministerio de Ambiente, se eviten formas de explotación inadecuadas, para que la industria extractivista que está implantada y que es necesaria para el sostenimiento de todas las políticas de desarrollo del país  pueda realizarse sin mayores afectaciones.

Establece también medidas para que no haya manipulación por parte de grupos violentos que muchas veces también coinciden en sus territorios. En definitiva, son medidas de protección del territorio, de la naturaleza y de estos pueblos frente a estas incidencias.

Estos ataques (entre waoranis y pueblos en aislamiento) suelen ser parte de un circuito, de una espiral de retaliaciones que permanentemente suceden y que difícilmente se pueden establecer con arreglos provenientes de la legislación, de la normatividad o las formas de ejercicio de la política pública, que son comunes para quienes estamos en las ciudades y en el mundo rural que no es el amazónico.