“Luis García, apoderado de Repsol YPF España, y José Araujo, gerente Quito, acudo de manera respetuosa para solicitar me apoye con las siguientes necesidades urgentes de la comunidad Yarentaro por la muerte de Ompure y Buganey: 2 camionetas 4x4 Toyota 2013; construcción de una casa cubierta, 15 viviendas y un cerramiento de 4.000 metros de malla”, exigió Cawetipe Yeti, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) tras la muerte de dichos ancianos, presuntamente, a manos del pueblo en aislamiento taromenani, el 5 de marzo pasado.

El pedido lo hizo mediante oficio el 8 de marzo (ver facsímil) y constó de un ultimátum a Repsol que decía: “Esperando su respuesta favorable en el plazo de 24 horas”.

Este tipo de exigencias, según representantes petroleros y autoridades consultadas tanto en Quito como en algunas comunidades en donde se asientan los waoranis, es solo uno de los tantos casos de chantajes, extorsiones, amenazas y “recolecciones” que practican algunos dirigentes de la Nawe y líderes de algunas de las 48 comunidades waoranis.

Eso lo hacen bajo la amenaza de cerrar vías o impedir la labor en los pozos petroleros o la circulación de personal y abastecimiento. Una investigación de este Diario permitió ubicar documentos con fechas, lugares y protagonistas de algunos casos que, incluso, rayan en la extravagancia de ciertos indígenas.

Por ejemplo, un informe policial da cuenta de que el 11 de abril de 2012 Richard Ima, líder de la comunidad waorani de Bataboro, junto a sus familiares, cerraron la vía de acceso a la plataforma del pozo Cachiyacu del Bloque Tiwino. Lo hicieron en represalia por la información recibida de la Fiscalía de Orellana alertándole de que sería detenido porque en su contra pesaba una denuncia penal entablada por Petrobell Inc. en diciembre de 2011, por el “plagio” de trabajadores de esa compañía. Pese a que se destistió de la denuncia, Richard retuvo una camioneta de la empresa que realizaba atención médica comunitaria y amenazó con agredir a personas y carros.

El 9 de junio de 2012, Richard Ima y su esposa bloquearon la vía a la comunidad de Bataboro para exigir $1.000 para gastos personales, según consta en otro parte informativo.

El 13 de agosto de 2012, Juan Ima, hermano del líder de Bataboro, cerró la vía e impidió la circulación de un tanquero. Exigía $ 2.000, una camioneta para viajar a Puyo y una plaza de trabajo para su mujer.

El mismo Juan Ima, el 23 de diciembre de 2012 cerró la vía al pozo  Cachiyacu 1 y condicionó el paso de tanqueros con  petróleo a que Petrobell le dé $ 5.000, un teléfono celular marca Samsung Galaxy II y una laptop. Amenazaba con incendiar el tanquero  si no le cumplían.   

El 4 de marzo pasado, Juan Ima cerró la vía a Cachiyacu: exigía que la petrolera  le envíe un carro a su casa para que lo traslade hacia El Coca (Orellana). Levanta la medida cuando le recuerdan que Petrobell ya cumplió con la exigencia de dar trabajo fijo (contrato indefinido) a su esposa Margarita Omene para que no cumpla su amenaza de afectar las operaciones del pozo petrolero.

El 26 de diciembre de 2012 personal militar y policial realizó un parte informando de la agresión de Juan Ima y sus allegados: los emboscaron y despojaron de pistolas, lanzagranadas, mossberg, municiones, cascos y radios motorola. Además ocasionaron daños a un camión, un patrullero y una camioneta.

El 6 de marzo pasado la indígena waorani Sandra Bay y sus familiares bloquearon la vía en el puente Bataboro e impidieron el paso del tanquero. Exigían de la petrolera o las autoridades que les faciliten un camión para llevar hojas de zinc desde El Coca (Orellana) a su propiedad.

Informes de empresas que operan en Orellana y de autoridades policiales y civiles, asimismo dan cuenta de que algunos derrames de petróleo han sido causados por miembros de comunidades para exigir indemnizaciones para remediación ambiental en beneficio de los dueños de las propiedades afectadas.

La viceministra de Justicia, Carmen Simone, el 10 de abril pasado, en entrevista con El Telégrafo destacó que  el Gobierno está abierto a mantener un diálogo “transparente y fluido” con dirigentes de la Nawe y líderes comunitarios, “pero no un diálogo sometido a chantajes ni a presiones de ninguna índole”.

Por ello, aclaró, que si aseguran tener fotos, videos y más evidencias del ataque contra el pueblo en aislamiento de los taromenanis (29 de marzo pasado) y si saben las coordenadas del sitio donde ocurrió, “no pueden chantajearnos y decir que no nos van a dar. Tienen que presentarlo a la justicia, a la Fiscalía que  investiga, porque al retener esa información pueden incurrir en un delito por obstruir la justicia”.

El ataque waorani, según estiman fuentes que conocen del tema, se ubicaría en una zona entre los ríos Tiputini y Cononaco, en Orellana. Consideran que llevar a líderes waoranis en los sobrevuelos o en expediciones sería un “error”, porque al tener las coordenadas de los sitios en donde se ubiquen otros asentamientos taromenanis, podrían organizar nuevos ataques.

Reunión waorani “histórica”

Frente a la negativa de las autoridades ecuatorianas de acceder al “chantaje”, hace dos semanas la dirigencia de la Nawe decidió suspender el diálogo con delegados del Gobierno respecto a la problemática entre esas etnias de la Amazonía.

El vicepresidente de la Nawe, Gilberto Nenquimo, argumentó que por considerarse relegados de los vuelos de observación, de la operación terrestre y no tener apoyo gubernamental para solventar el impasse entre las dos etnias, dicidieron solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíe una delegación al Ecuador, con el fin de que inspeccione  la zona del incidente y ayude en la búsqueda de una solución al problema.

Señaló que para fortalecer ese pedido, una comisión de dirigentes waoranis viajará a  mediados de  mayo a Washington (EE.UU.) y a San José de Costa Rica para entrevistarse con las máximas autoridades de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, manifestó que representantes de las 48 comunidades waoranis, junto a otras  nacionalidades y organizaciones, han sido convocados para una reunión  que debía realizarse el lunes pasado en Puyo (Pastaza). Allí -según dijo- el tema central era buscar una salida al impasse que mantienen con los pueblos en aislamiento. La reunión no se dio.

Moi Enomenga, líder de la comunidad waorani de Queweiriuno y sobrino del guerrero Araba, quien habría liderado el último ataque a los taromenanis junto a miembros de las comunidades de Dícaro y Yarentaro (todas ellas en Orellana), fue ubicado en un recorrido de cuatro días que realizó El Telégrafo por su comunidad y otras zonas, y confirmó que una convención “histórica” que reunirá a unos 500 jefes de clanes y familias waoranis se efectuará del 27 al 30 de abril, pero no en Puyo.

Previo a la convención, Moi viajará mañana a Dícaro y Yarentaro a reunirse -durante dos días- con sus familiares y explicarles la situación. Lo que se aborde allí, Moi lo expondrá en la convención que inicia el sábado próximo en Queweiriuno, comunidad ubicada aguas arriba del río Shiripuno, a la cual no serán invitadas autoridades civiles.

Esa reunión -exclusivamente waorani- abordará, entre otros puntos: el destino de las dos niñas taromenanis retenidas contra su voluntad tras el ataque waorani; el posible cambio de autoridades de la Nawe y la eventual firma de un compromiso de no más ataques a los pueblos en aislamiento.

Según Moi, retener a las niñas incentivaría un ataque de venganza taromenani en el afán de rescatarlas, y pondría en peligro a Dícaro, Yarentaro, Yoneno y Armadillo.

Tras las decisiones y conclusiones de esa convención waorani vendría la reunión con las autoridades gubernamentales, en la búsqueda de una solución duradera al conflicto histórico entre estas etnias. “Nunca antes se había dado una convención waorani así. Será un hecho histórico que podría marcar un hito”, destacó Moi a El Telégrafo, hablando un castellano fluido.

Una vez que se llegue a acuerdos se los hará públicos, para  evitar especulaciones. Se lo hará tomando en cuenta que, pese a que nadie ha llegado al supuesto lugar del ataque waorani contra taromenanis, el líder de la Nawe, Cawetipe Yeti, el 5 de abril pasado   afirmó a la prensa que son más de 30 taromenanis muertos. Ese dato, incluso, no coincidía ni con lo dicho un día antes por Nenquimo, quien aseguró que eran 18 muertos y 3 chozas quemadas.

La gobernadora de Orellana, Rosario Cortez, insiste en que hasta ahora no hay pruebas para hablar de una matanza, por lo que destacó que los dirigentes de la Nawe deberán  responder por sus aseveraciones.

Expertos y autoridades coinciden en decir que con las declaraciones de los dirigentes de la Nawe y de ciertos líderes de las comunidades, se pretende desviar la atención del problema de fondo. Para ello, incluso, usan la estrategia de culpar del conflicto entre etnias a las petroleras o madereras que operan en la zona. Al conocer que una expedición ingresaría al sitio del ataque, Nemquimo advirtió: “Como van por su cuenta, ojalá regresen con vida...”.

El Ministerio de Justicia, sin embargo, dijo que toda acción se enmarcará dentro del Plan de Medidas Cautelares, lo que estipula la Constitución, el Decreto Ejecutivo 503 y los tratados internacionales, para así determinar “sin morbo, sin desinformaciones y sin afanes protagónicos las circunstancias del hecho”.

Todo ello, tomando en cuenta que el órgano rector para este tema es el Plan de Medidas Cautelares (PMC) que se aplica en el país en base a las disposición de la CIDH emitida el 10 de mayo de 2006 al Ecuador para proteger y precautelar los derechos de los pueblos en aislamiento tagaeiris y taromenanis, así como del entorno en donde se desenvuelven.

El PMC está integrado por un equipo institucional externo conformado por expertos en varias ramas científicas, quienes se encargan del monitoreo, control, patrullaje, visitas y levantamiento de información respecto a los pueblos no contactados, así como de establecer políticas de Estado para hacer respetar sus derechos.