Una cosa es la ley y otra distinta la fe. La Revolución Liberal fue esencial en la separación del Estado ecuatoriano de la Iglesia católica. A partir de 1897 se iniciaron reformas que cambiarían el Estado confesional al que había sido sometida la República.

Esta etapa histórica del país también fue cuestionada por los sectores más conservadores, como lo ha sido hoy el fallo de la Corte Constitucional, que abre la puerta al matrimonio igualitario.

Ante lo cual debo señalar: los avances sociales no son fáciles, precisamente por las contradicciones internas que se explican desde la dialéctica materialista, la lucha permanente de las ideas contrarias; de ahí que ningún derecho nos lo ha sido concedido sin haberlo conquistado con una lucha permanente, accionando todos los elementos jurídicos, así como el sometimiento de la vida privada al debate público cuyo único fin es un trato igualitario a todos los ciudadanos.

La Revolución Liberal marcó el rumbo hacia un país laico, de libertades, entre ellas la libertad de culto y la convivencia entre quienes piensan distinto.  

Desde mi visión es una piedra angular en nuestra historia, pues los privilegios de entonces se terminaron con la emisión de la Ley de Manos Muertas que permitió la expropiación de tierras entregadas a la Iglesia católica -gran latifundista de la época-; y, se reformó la Ley Patronato que puso límite a la hegemonía de la Iglesia católica y la intervención en las decisiones del Estado, la no intromisión.

Así, en este mismo período se publicó la Ley de Registro Civil y por primera vez existió un ente que inscriba los actos civiles de los ciudadanos como por ejemplo los nacimientos. También se creó el Registro Oficial, que permitió al Estado ordenar su estructura jurídica.  

Un avance más de este grupo de derechos fue la Ley de Matrimonio Civil, lograda en 1902, contrato solemne que obligatoriamente debía preceder a la celebración religiosa. Sin dudarlo, antes y hoy, la Iglesia católica reaccionó oponiéndose a la ley de matrimonio civil, indicando que el Estado se entrometía en los “asuntos divinos”, desde la perspectiva que el matrimonio es un sacramento; sin embargo, esta norma tuvo como origen el derecho civil y no credo religioso alguno; marcando una clara diferencia entre la ley y la fe, similar a lo que hoy con el debate del matrimonio civil igualitario.

Esta misma Revolución Liberal, para 1904 aprobó la Ley de Cultos, que permitió la práctica de cualquier credo religioso o confesión de fe, siempre y cuando no riña con la moral pública; aquello abrió la puerta a que muchas iglesias, por pequeñas que sean, existan y crezcan a riesgo de ser cuestionadas por el catolicismo imperante.  

La memoria histórica es vital para entender una sociedad plural y diversa como la nuestra. No solo fuimos este Estado confesional de García Moreno; con su muerte nos fuimos construyendo en una sociedad que acepta la diferencia y respeta las libertades.  

Jamás llegamos a ser ese Estado teocrático dependiente del Vaticano como algunos aún anhelan. Somos también hijos del liberalismo, alfarismo, laicismo; y aún a pesar de serlo nuestros gobiernos prestan ayuda económica principalmente a la iglesia para un trabajo dedicado a quienes más lo necesitan y no reparamos en ello.

El laicismo es un componente clave en la evolución de la República cuando prima sobre quienes gobiernan la idea de un país diferente y no uniforme. Esa separación total de la Iglesia católica como predominante de las decisiones estatales, permite la vigencia plena de un Estado de derechos y justicia como lo describe la Constitución.

Aquello que resuelven las cortes y tribunales nada tiene que ver con la fe de cada ciudadano; se trata de que ninguno de nosotros sea impedido de ejercer derechos, en este caso por causa de su orientación sexual.

De ahí que ni el catolicismo ni otro credo puede imponer su criterio sobre los derechos de las personas, mucho menos hacer apología del odio y la violencia como hemos visto estos días en redes sociales y hasta en programas de televisión. Lo único que no puede permitir el Estado es la intolerancia.

El matrimonio es una institución jurídica que produce efectos jurídicos, civiles, a los contrayentes; confundir esta decisión con un acto de fe es atentar contra la República, la formación de los ciudadanos y desinformar a la ciudadanía con fines nefastos.

Actualmente, el Estado ecuatoriano tiene claro que una cosa es la ley y otra la fe. Cuando nos referimos al #MatrimonioIgualitarioEC lo hacemos sobre los efectos jurídicos de este contrato solemne entre dos personas.

Los sectores más conservadores son lo que arremeten contra los derechos. (O)