Tras un año de lucha, Rosita Paredes y María Gabriela León Guajardo lograron ser registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como pareja lesbiana en unión libre para tener derecho a los fondos previsionales. Esta es solo una de las trabas a las que se enfrentan parejas del mismo sexo que ahora viven bajo este estatus.

Pese que la Constitución, en su artículo 68 dice que “la unión de hecho generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio”, aún hay dificultades.

Por ejemplo, en el matrimonio, el hombre y la mujer comparten bienes, tienen derecho a herencia en caso de ocurrir la muerte de uno de los cónyuges; también hay el principio de copaternidad y ambos pueden compartir los beneficios de la seguridad social.

En teoría, las parejas del mismo sexo deberían tener todos estos beneficios, pero en la práctica, según activistas y abogados consultados, hay vulneración de derechos.

El abogado Gabriel Ocampo reconoce el avance que ha tenido Ecuador en garantizar la unión de hecho desde 2008 para parejas del mismo sexo. Considera que hay desinformación sobre el tema. “El IESS no registra a los compañeros en el sistema informático.La institución te pide género de la compañera o compañero, hombre o mujer, pero si tú pones hombre-hombre, el sistema no permite, tienes que ir a rogar que se haga una excepción (...), denunció Ocampo.

También aseguró que se niega el registro de la cédula con estatus de unión de hecho y no se reconocen beneficios sociales (herencias) ni derechos de copaternidad.

Ocampo sí destaca el caso de Janeth Peña, quien recibió, por primera vez, la pensión mensual de Montepío de su conviviente fallecida Thalía Álvarez. También recuerda otros casos sin éxito, como el de Hellen Bicknell y Nicola Rothon, una pareja de lesbianas que intentó inscribir en Quito a su hija con el apellido de ambas.

Para el activista Fredy Lobato, la situación debe cambiar. El año pasado llenó en Contraloría los formularios de registro de bienes y tuvo una mala experiencia. “Ahí te piden llenar el documento con el estado civil, yo coloqué el estatus de unión libre, fui a la notaría, pero como en la cédula dice soltero, se negaron a darle trámite, pese a que era una declaración mía”, comentó.

También consideró que hay confusión entre el artículo 68 de la Constitución que estipula “la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial (...)”, pues se contradice con el artículo 222 del Código Civil que solo reconoce la unión de hecho de un hombre y una mujer.

“Los operadores de justicia o funcionarios públicos se niegan a ejecutar lo que está en la Constitución, ni siquiera hacen una interpretación jurídica de aquello, amparados en que no hay un reglamento inmediato. Bajo eso se escudan para negar derechos”, señaló.

Avances en América Latina

En el foro ‘Celebrando el primer año de lucha del matrimonio civil igualitario: unión de hecho, matrimonio y enmiendas constitucionales’, desarrollado en Quito, Rafael Garrido, experto en temas de derechos humanos, reconoció los progresos notables en Latinoamérica. Aunque Perú y Venezuela no aprueban la unión de hecho (ver infografía).

En la región, Argentina, Brasil y Uruguay han dado luz verde al matrimonio igualitario.

En el mundo 16 naciones se han sumado a la causa y lo permiten.

Garrido calificó de “interesante” la lucha de varios grupos homosexuales por reivindicar sus derechos.

Indicó que el fallo de la Corte Constitucional de Colombia a favor del matrimonio es un ejemplo importante, así como las discusiones que actualmente hay en Perú, a cargo de grupos GLBTI apoyados por el congresista Carlos Bruce.

En Europa, en 2013, en Reino Unido entró en vigencia la ley que permite casar a las parejas en ayuntamientos y templos religiosos que lo autoricen. A ello se unen España, Portugal, Francia, Suecia, entre otros. Hay también países que han ido más allá y posibilitan la adopción homoparental, como Holanda o Bélgica, que otorgó a los ciudadanos este derecho en 2006.

Los logros son numerosos, pero se moderan con noticias de que en Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán, Yemen y Somalia se castiga la homosexualidad con pena de muerte. En Uganda, este año se aprobó una ley que la castiga con cadena perpetua.